La Contraloría General del Distrito Federal investigará irregularidades administrativas y sancionará a los responsables de que el gobierno de la ciudad perdiera la propiedad del inmueble de Río de Janeiro 46, colonia Roma, donde vive el ex jefe de gobierno, Marcelo Ebrard.
El titular de la Oficialía Mayor capitalina, Jorge Silva Morales, aclaró que no existe posibilidad de que dicho inmueble sea restituido al Gobierno de la ciudad de México, en virtud de que fue vendido por el propietario original a su actual ocupante.
En conferencia de prensa, explicó que de acuerdo con la revisión de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario a los archivos, se determinó que en 1987 el entonces Departamento del Distrito Federal compró esta propiedad en 32 millones 920 mil viejos pesos.
Ese mismo año, se hicieron dos pagos al propietario por 27 millones 982 mil viejos pesos y el segundo por tres millones de viejos pesos, lo cual representaba 94.2 por ciento del pago total, pero quedó un saldo pendiente de un millón 938 mil viejos pesos, que equivale a 5.8 por ciento.
El funcionario detalló que de acuerdo con los documentos encontrados, el lugar estaría destinado en 1988 para ser la sede de la Academia Mexicana de Arquitectura, pero desde 1996 y hasta 2007 fue ocupado como Casa de la Cultura de India en México.
Precisó que en 2008 durante la administración de Marcelo Ebrard en el Gobierno del Distrito Federal, se buscó concluir la transacción de compra-venta con la escrituración que estaba pendiente.
Sin embargo, el 29 de julio de 2009 mediante comunicado interno, el director de Inventario Inmobiliario hizo del conocimiento al director general de Patrimonio Inmobiliario que existía incumplimiento contractual al no escriturar.
Finalmente, el 11 de febrero de 2011 fue firmado el convenio de terminación de contrato de compra-venta y por el cual la parte vendedora restituyó al Gobierno del Distrito Federal la cantidad de un millón 64 mil 907 actuales pesos y se le devolvió el inmueble.
El oficial mayor precisó que en este proceso se violó la norma, pues todo servidor público para suscribir documentos y emitir actos relacionados con el patrimonio inmobiliario de la ciudad, debe obtener previamente validación del Sub Comité de Análisis y Evaluación y del Comité de Patrimonio Inmobiliario.
“No es práctica legal ni común desincorporar inmueble alguno del patrimonio del gobierno sin antes obtener la aprobación del citado comité y el cumplimiento de los requisitos legales exigidos en diversas disposiciones jurídicas aplicables”, dijo.
Entre éstas, la Ley de Régimen Patrimonial y las bases de organización y funcionamiento del propio comité, el cual es un órgano con las atribuciones para conocer y acordar los actos jurídicos que inciden en el patrimonio inmobiliario de la administración pública del Distrito Federal.
Dejó en claro que si bien existió compra-venta perfecta y obligatoria y el Gobierno del Distrito Federal realizó actos de dominio sobre el citado inmueble, la terminación del contrato de compra-venta y la devolución del inmueble se realizó sin observar la normatividad.
Silva Morales abundó que luego de revisar los documentos se determinó que no existió motivación y justificación del por qué se decidió la terminación del contrato 24 años después de su celebración.
Por ello, recalcó que se dará vista a la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal para que se realicen las investigaciones pertinentes y determinar la posible sanción de responsabilidades administrativas de servidores públicos que incurrieron en violaciones a la norma.
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