Tokio.- Un panel judicial independiente determinó hoy que tres exejecutivos de la compañía Tokyo Power Electric Co. (Tepco) deben enfrentar cargos por negligencia profesional en la gestión del desastre nuclear en la planta de Fukushima en 2011.
La determinación del panel revoca la decisión de los fiscales de no levantar cargos por insuficiencia de pruebas contra ejecutivos de la compañía que opera la central nuclear, que resultó severamente dañada por el tsunami que inundó sus instalaciones en marzo de 2011.
El comité de investigación judicial votó este viernes que Tsunehisa Katsumata, presidente de Tepco en el momento de la catástrofe, y dos exvicepresidentes, Sakae Muto e Ichiro Takekuro, deben ser acusados de negligencia profesional con resultado de muerte y lesiones.
Los tres exejecutivos “no tomaron medidas preventivas sabiendo el riesgo de un tsunami importante”, indicó el panel y refirió que Tepco recibió un informe en junio de 2009 que advertía que la planta de Fukushima podría ser golpeada por olas de hasta 15.7 metros.
La decisión adoptada este viernes llegó más de cuatro años después del terremoto y el subsecuente tsunami que golpearon la costa este de Japón desencadenando una serie de colapsos en sus sistemas, que provocaron un desastre de enorme amplitud.
La crisis en Fukushima expuso a decenas de miles de personas a la radiación y causó la muerte de pacientes en hospitales cercanos, que se vieron obligados a evacuar los nosocomios en condiciones difíciles.
Un grupo de demandantes presentó en 2012 una denuncia penal argumentando que los ejecutivos de la operadora de la planta no tomaron suficientes medidas de gestión ante la crisis para garantizar la seguridad.
El entonces primer ministro japonés, Naoto Kan, también fue acusado de responsabilidad por la peor crisis nuclear desde el desastre de Chernobyl en 1986.
Sin embargo, la Fiscalía Pública de Distrito de Tokio decidió en septiembre de 2013 no presentar cargos contra un total de 42 personas, incluidos los tres exejecutivos que este viernes se decidió llevar a juicio, al estimar que era difícil prever la magnitud del tsunami.
Insatisfechos con la decisión, los demandantes solicitaron una investigación más profunda hace un año y nuevamente los fiscales determinaron en enero pasado que no podían hacerlo, por lo que insistieron hasta que este viernes el panel aceptó levantar cargos.
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