La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México aprobó está mañana el dictamen para designar a Bertha María Alcalde Luján como titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina, iniciando el próximo 10 de enero y por un periodo de 4 años.
Con nueve votos a favor y tres en contra, esta mañana se perfiló a la hermana de la dirigente de Morena como próxima titular de la Fiscalía capitalina, esto tras la lectura del dictamen en la cual no se pidió ninguna lectura de las reservas.
Esta resolución se dio en una sesión que no duró más de 15 minutos y lo acordado será turnado a la presidencia de la mesa directiva y a la coordinación de servicios parlamentarios del Congreso para sus efectos conducentes. El dictamen aún debe ser votado en el pleno.
“La procuración de Justicia es una actividad noble y honorable y en favor de la protección más amplia de los derechos de las personas el ejercicio de su función debe ser orientado a la eficiencia en la obtención de resultados y a cargo del perfil más idóneo, a juicio propio las personas que tuvieron a bien entrevistar en el seno de esta comisión mostraron talento y profesionalización”, señaló el diputado Alberto Martínez Urincho (Morena), presidente de esta comisión.
Como parte de este proceso de designación, el Consejo Judicial Ciudadano de la Ciudad de México integró los expedientes personales de las personas aspirantes, verificó el cumplimiento de los requisitos formales, recibió las opiniones ciudadanas, examinó a las y los aspirantes, deliberó y votó por mayoría calificada la integración de la terna de personas aspirantes, la cual se remitió a la jefa de Gobierno que después de avalar la envió al Congreso de la Ciudad de México.
Para la elaboración del dictamen, la comisión dictaminadora habilitó y substanció un procedimiento público y abierto, y atendió a las reglas aplicables en su régimen interno, respetando los principios de certeza, legalidad, transparencia, máxima publicidad, revisión de cuentas, interés social y el derecho a la buena administración, con carácter receptivo, eficaz y eficiente.
(milenio.com)
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