En México, las universidades pagan más impuestos que las empresas, aseguró el secretario general de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES), Rodrigo Guerra Botello, quien propuso un esquema fiscal diferenciado para estas entidades educativas.
Durante su participación en la Cumbre de Juventud y Productividad, organizada por Laureate Institute, indicó que si actividades como el cine y el teatro, que son necesarias para la sociedad, tienen un tratamiento fiscal preferencial, también lo debería tener la educación.
Refirió que para lograr la meta planteada en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), de llegar a una cobertura de al menos 40 por ciento de la población con educación superior, lo cual implicaría incorporar a medio millón de alumnos, sería necesaria la participación de las universidades privadas.
Sin embargo, eso se dará siempre y cuando haya una normatividad adecuada, así como un marco fiscal que permita reinvertir los recursos que se tienen en la misma educación.
“La educación debería tener un tratamiento diferencial, tanto la educación pública como la privada. Para impulsar el desarrollo de México y la coyuntura actual que tiene la economía nos haría falta fijar nuestra atención en eso”, indicó.
En este sentido, precisó que en los próximos meses buscarán un diálogo con la autoridad hacendaria, a fin de lograr acuerdos que se tomen en cuenta para la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016.
“Educar jóvenes en esta coyuntura económica pudiera resultarle conveniente al gobierno mexicano, y combinar el crecimiento de la educación pública con la educación particular”, consideró.
El directivo argumentó que “en ningún país desarrollado ven al sistema educativo como una fuente de ingresos tributarios, ya que es la base donde se sustenta la sociedad y recibe tratamientos diferenciados, a veces fiscales o en incentivos, becas o préstamos en infraestructura”.
Precisó que la educación particular en general está catalogada como una actividad exenta y por lo tanto, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que pagan en la compra de productos y servicios no se puede trasladar y se convierte en un costo.
Ello “disminuye la productividad del sistema educativo. Probablemente nos representa 3.0 puntos del ingreso, y como ese hay una serie de impuestos que también pagamos”, entre ellos nómina, prediales de participación social como Infonavit y seguro social, entre otros.
Además, dijo que las universidades privadas están obligadas por ley a dar 5.0 por ciento de sus ingresos a la población en becas, lo cual se puede considerar como otro impuesto.
“Si bien las universidades particulares damos muchos más incentivos que ese 5.0 por ciento, de alrededor del 35 por ciento, existe oficialmente ese impuesto”.
Cuando uno suma esto, y al no haber exenciones ni tratamientos especiales, “daría igual invertir en el sector productivo, en una empresa o en un club deportivo que en una universidad”, puntualizó el ex rector de la universidad regiomontana.
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