Nueva York.- La calificadora Standard & Poor’s (S&P) pagará casi mil 400 millones de dólares a fin de resolver una demanda en que el gobierno de Estados Unidos la acusó de emitir grados fraudulentos que contribuyeron a crear la recesión de 2008.
En un comunicado, la empresa McGraw-Hill (que tiene a S&P como subsidiaria) indicó que la calificadora pagará 687.5 millones de dólares al Departamento de Justicia.
Además, un monto igual a 19 estados y a la capital, Washington DC, que se unieron a la demanda interpuesta en febrero de 2013.
McGraw-Hill aclaró que el acuerdo no contiene evidencias de violaciones a la ley, y que éste fue alcanzado para evitar “dilaciones, incertidumbres, inconvenientes y gastos de una litigación adicional”.
La demanda alegaba que la calificadora otorgó grados a bonos respaldados por hipotecas que no representaban de manera adecuada los riesgos reales que suponían, lo que implicó un engaño a inversionistas que adquirieron estos activos.
Los documentos de la corte sostenían además que las calificaciones eran engañosas debido a que S&P se presentaba como un actor con capacidad de supervisar de manera objetiva el riesgo, ajeno a influencias surgidas de su relación con los bancos de inversión que ofertaban bonos.
El Departamento de Justicia sostuvo asimismo que las calificaciones engañosas tenían el objetivo de aumentar las utilidades de la empresa y de aumentar sus transacciones de negocios con los bancos emisores de bonos.
Eric Holder, procurador general de Estados Unidos, sostuvo al presentar la demanda que “para ponerlo de manera simple, esta supuesta conducta es escandalosa, y va directo al corazón mismo de la reciente crisis financiera”.
La demanda, agregó el procurador, es un paso adelante en los esfuerzos para “investigar y castigar la conducta que se cree ha contribuido a la peor crisis económica en la historia reciente”.
Por su parte, la calificadora había comentado luego de darse a conocer la intención del gobierno federal de demandarla ante la corte que la acción jurídica en su contra “carecía de fundamento o mérito legal”.