El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) definió 10 indicadores para medir los trabajos que realizan las diferentes instituciones públicas de todo el país, de los tres niveles de gobierno, relacionadas con el combate a la corrupción.
En la primera sesión extraordinaria del Comité Coordinador del SNA del 2024, se dieron a conocer estos 10 índices que permitirán medir estadísticamente los avances y retrocesos en la lucha anticorrupción.
Al presentar el decálogo de variables, el secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), Roberto Moreno, explicó que las mediciones darán seguimiento al avance sistémico en el combate a la corrupción y brindarán una valoración integral del grado de consolidación del SNA.
Afirmó que se trata de una herramienta para identificar nudos y obstáculos que evitan que los diferentes procesos avancen.
Indicadores
Índice de Coordinación del SNA, para conocer el grado de coordinación interinstitucional de los miembros del sistema
Índice de Funcionamiento del Sistema de Justicia para el Combate a la Corrupción; que permitirá conocer si el ecosistema de procuración e impartición de justicia cuenta con atributos y recursos institucionales esenciales para su adecuado funcionamiento
Índice de Profesionalización del Servicio Público, que dará información sobre los niveles de profesionalización y capacitación en materia de ética pública e integridad en los entes públicos, y el Índice de Estandarización Presupuestaria, que ayudará a medir la qué tan comparable es la información del presupuesto que usa cada institución pública en la materia.
Índice de Homologación de Capacidades Fiscalizadoras, que evaluará si contralorías y auditorías de todo el país cuentan con los recursos indispensables para realizar su trabajo adecuadamente y si sus integrantes utilizan normas estandarizadas
Índice de Control de Riesgo, que permitirá conocer qué tan afianzados se encuentran los mecanismos de vigilancia en trámites para garantizar el control de la función pública y rendición de cuentas.
Índice de Fortalecimiento a las Contrataciones Públicas, que medirá la existencia de mecanismos de control y transparencia en esos procedimientos
Índice de Fortalecimiento a la Participación Ciudadana, que evaluará el grado de presencia e incidencia de organizaciones ciudadanas en las decisiones públicas estratégicas
Índice de Eficacia de los Mecanismos de Integridad en el Sector Privado, que ayudará a saber el nivel de consolidación de estándares y mecanismos de integridad en las empresas
Índice de Normalización de la Corrupción estimará qué tan aceptable es la corrupción para la ciudadanía en sus interacciones con el gobierno como algo indicativo de los valores que la sociedad considera importantes.
Trabajo conjunto con INEGI
Los indicadores fueron elaborados en un trabajo técnico conjunto entre las instituciones que conforman el Comité Coordinador del SNA con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
De las 64 variables que se medirán con los 10 indicadores, 48 por ciento se evaluarán con instrumentos que produce el INEGI y 52 por ciento con los que tienen las instancias públicas.
“La definición de estos 10 indicadores nacionales cuentan con una base, que es el Sistema Nacional de Información de INEGI; hubo retroalimentación de otras instancias públicas, de otros académicos con los que pudimos tener charlas para llevar a cabo estas propuestas”, informó Moreno Herrera.
El secretario explicó que el reto que va a tener la SESNA será recopilar información que aún no se tiene de todos los estados.
“Nos vamos a hacer cargo de este levantamiento, preguntando a las diversas instancias públicas, en los diferentes comités coordinadores, cuáles son sus resultados, pero algo muy positivo es que prácticamente ya tenemos el 92 por ciento de la información y esta información es a nivel no solamente gobierno federal, sino a nivel subnacional, por lo que próximamente estaremos emitiendo un primer informe de cómo van estos indicadores, que es información con las que ya se está contando”, dijo.
Agradeció a los equipos técnicos de la Secretaría de la Función Pública, de la Auditoría Superior de la Federación y de la Fiscalía Anticorrupción por los insumos que aportaron.
“Nos abrieron a no solamente lo importante que era tomar cierta información del INEGI, sino que había mucha información de ustedes, los expertos y técnicos, que tenía que tomarse en cuenta a nivel nacional”, dijo.
Preparan estadísticas de sanciones
Por otra parte, en la sesión extraordinaria del Comité Coordinador, Adrián Franco, director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI, expuso los avances en la elaboración del proyecto de una norma que permitirá estandarizar las estadísticas sobre procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados a servidores públicos de todo el país.
Se trata de un proyecto de Norma Técnica para la Clasificación Nacional de Responsabilidades Administrativas para Fines Estadísticos del INEGI.
Franco expuso que su elaboración implica un gran reto, pues la información con la que se cuenta en el país sobre esta materia no es homogénea.
“Lo único que es común entre todas las instancias y entidades son estos cuatro puntos: los tipos de sanción, los números de expedientes, la fecha de resolución de la sanción y la temporalidad; todo lo demás es distinto”, advirtió.
Por ello, dijo que hay un gran reto en la homologación para efectos estadísticos sobre responsabilidades administrativas.
El proyecto de norma busca homologar a nivel nacional la información técnica sobre todas las etapas del proceso de responsabilidad administrativa, desde la investigación, sustanciación y la resolución de la sanción, incluso, en las que se determina no imponer sanciones.
“En el INEGI, en el marco del Comité Técnico Especializado sobre Información de Corrupción que preside el maestro Roberto Salcedo, en el que participan muchas de las instituciones que forman parte del SNA, y otras hemos ido desarrollando un proyecto que nos permita generar una norma técnica para la clasificación nacional de responsabilidades administrativas para fines estadísticos”, expuso Franco Barrios.
Aclaró que con la norma, el INEGI no busca homologar las diferentes regulaciones en materia de responsabilidades administrativas, sino únicamente homologar metodológicamente y conceptualmente una serie de atributos de los procedimientos de responsabilidades administrativas para que se pueda recolectar información de manera estructurada, estandarizada, compatible y comparable.
Entre esa homologación se incluirán, por ejemplo, cuatro puntos de control estadístico, como las características de las faltas, las características de las personas involucradas, las características del procedimiento y las características de las sanciones.
“Todas estas características para nosotros, la caracterización es lo que nos permite llevar de información estadística que recolectamos la información estadística para la toma de decisiones”, dijo.
Adrián Franco explicó que actualmente el INEGI se encuentra definiendo la estructura de la norma técnica, que deberá ser aprobada por diferentes instancias mediante consultas entre instituciones.
“Hay un amplio consenso que se tiene que lograr con todas las instituciones que participan en el proceso porque una vez aprobada, es una norma que es obligatoria en el marco del sistema estadístico nacional y evidentemente todas las instituciones la tienen que operar”, aseguró el funcionario del INEGI.
(milenio.com)
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