El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) consideró que un sistema nacional anticorrupción innovador y eficiente puede ser el impulso adicional que requiere la economía para lograr mayores tasas de crecimiento y bienestar para la población.
En su publicación semanal “Análisis económico ejecutivo”, resaltó que la estabilidad social, y el desarrollo político y económico requieren reglas de juego claras y confiables, credibilidad y solidez, “hoy no hay otra prioridad que crear un verdadero Estado de derecho”.
Afirmó que el único elemento que merece una ampliación inmediata del presupuesto, aún con el recorte de gastos, es este órgano anticorrupción absolutamente independiente que complemente y encabece la labor de las instituciones ya existentes, pues “es la prioridad más alta de las políticas públicas en este momento”.
El organismo de investigación del sector privado indicó que la corrupción y la impunidad, que regularmente van de la mano, representan un desincentivo para la actividad económica del país.
Especialmente en los últimos años estas actividades se han fortalecido al grado de que especialistas y organismos nacionales y extranjeros las han definido como los principales factores que pueden inhibir un mayor crecimiento de la economía, añadió.
A decir del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, la corrupción, apoyada por una clara impunidad en el sistema de justicia, representa enormes costos para la actividad productiva, factor que afecta negativamente el flujo de la inversión pública y privada.
Esto es sin duda un factor importante para explicar el débil mercado interno, debido a la imposibilidad de crear más empleos formales de calidad y mejor remunerados, abundó.
Apuntó que durante las últimas tres décadas se han instrumentado una enorme cantidad de políticas económicas en busca de fortalecer el crecimiento de la economía.
Medidas de política monetaria, fiscal, de competencia y en materia inversión, entre otras, si bien lograron establecer un entorno de estabilidad macroeconómica, no han podido concretar su objetivo de elevar el ritmo de crecimiento promedio anual de 2.4 por ciento entre 1994 y 2014, anotó.
De hecho, añadió, la situación de los hogares se ha venido deteriorando en un entorno de precarización del empleo: elevada informalidad, empleos con salarios bajos y pérdida de la capacidad adquisitiva se conjugan en el debilitamiento del mercado interno.
Por ello, el CEESP aseveró que la corrupción y la impunidad han contribuido a limitar el crecimiento económico.
Estos aspectos se han fortalecido de tal manera que han escalado a niveles preocupantes, sobre todo porque han dejado al descubierto la fragilidad de las instituciones encargadas del fortalecimiento del Estado de derecho y del cumplimiento de las leyes, sostuvo.
Refirió que indicadores como los de transparencia internacional, en particular el índice de percepción de la corrupción, muestran que México se ubica en niveles considerablemente bajos en el ranking mundial en esta materia; para el 2014 ocupó el lugar 103 en un universo de 174 países.
Lo preocupante es que en 2005 nuestro país estaba colocado en el lugar 65, es decir se perdieron 38 posiciones en ese periodo, mencionó el organismo.
Alertó que el costo monetario de la corrupción e impunidad es considerablemente elevado, pero posiblemente es más gravoso no instrumentar cambios inmediatos para su erradicación.
Si bien es cierto que las reformas estructurales contribuirán a liberar el potencial de crecimiento de la economía, también lo es el hecho de que para ello es fundamental un entorno de transparencia y libre de corrupción e impunidad.
“El costo de no concretar todos estos ajustes podría ser equivalente a la imposibilidad de crecer a niveles de 5.0 por ciento”, aseveró.
Instituciones fortalecidas, transparentes, pero sobre todo independientes, son fundamentales para hacer cumplir las leyes y proteger el Estado de derecho, subrayó.
Señaló que se requiere un órgano anticorrupción verdaderamente independiente de los poderes, del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, con jurisdicción nacional, para tener capacidad de fiscalización en estados y municipios.
Sostuvo que hoy ninguna de las instituciones que podrían participar en este esfuerzo tiene la independencia ni la jurisdicción necesarias: ni la Auditoría Superior de la Federación, ni la Fiscalía Anticorrupción, ni la Secretaría de la Función Pública.
En opinión del CEESP, todas estas pueden ser parte del sistema pero se requiere una institución rectora, con todos los atributos. Es evidente, destacó, que el combate a la corrupción requiere de un esfuerzo de inteligencia institucional para combatirla eficientemente.
Comentó que organismos internacionales dedicados al análisis de este tipo de problemas ubican a México en lugares muy bajos en las tablas de calificación mundial en temas que involucran actos corruptos.
Además del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional que mencionamos previamente, el World Economic Forum ubica al país en posiciones muy bajas en 2014 en materia de instituciones (lugar 102) y en el desvío de recursos públicos (lugar 119).
En este último caso resalta el hecho de que en los últimos dos años hemos perdido 31 lugares, agregó.
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