La International Chamber of Commerce México (ICC México) solicitó al Congreso de la Unión rechazar la iniciativa preferente enviada por el presidente, para reformar la Ley de la Industria Eléctrica, ya que además de afectar toda la industria productora de energías limpias, perjudicará la reputación del país frente a los inversionistas privados nacionales y extranjeros.
Expuso que esta reforma, aunado a contravenir reglas y acuerdos formalizados en tratados internacionales, se contrapone a los principios de austeridad en el gasto del gobierno, porque tendrían que incrementarse los precios de la energía eléctrica al público, o subsidiar con recursos públicos el consumo energético de la industria y los hogares mexicanos.
“En momentos en que la prioridad del país debería centrarse en la preservación de las empresas que aún se mantienen en pie y los empleos, la recuperación de la economía y el desarrollo de condiciones competitivas para la industria, creemos innecesario y contraproducente, someter al país a un debate donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sentenció en contra de los principales argumentos de la iniciativa preferente de reforma”, aseveró.
SE REUNIRÁN CCE Y COORDINADORES PARLAMENTARIOS POR REFORMA A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA
En un comunicado, el ICC señaló que la aprobación de la reforma propuesta afectaría a usuarios finales, desarrolladores, generadores, permisionarios y sus socios autoabastecidos, permisionarios/contratistas y en general, a diversos sectores de la sociedad, y salud de los mexicanos, medio ambiente y la economía nacional.
“Adicionalmente dichos cambios, constituyen una falta grave al estado de derecho y se contraponen a principios constitucionales y compromisos internacionales de México en tratados internacionales, lo que hace imposible la aplicación de dicha reforma y, por supuesto, da pie a los mecanismos de defensa para contrarrestarla”, aseguró.
Destacó que el T-MEC, además del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, hablan de la prohibición de los monopolios, la irretroactividad de la ley y el principio de progresividad en materia de derechos humanos.
“Hacemos un llamado a los integrantes del Congreso, para que en un análisis crítico y detallado, observen que las reformas planteadas a la Ley irían en contra de los objetivos primarios referidos en la exposición de motivos como: garantizar la calidad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional; evitar el incremento de las tarifas del servicio eléctrico y estimular la competencia en condiciones de equidad”, concluyó.
(milenio.com)
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