El 9 de noviembre de 2021, Catalina Acosta, una trabajadora del hogar de 80 años, fue rescatada por su sobrina de la casa en Naucalpan, Estado de México, donde estuvo la mayor parte de su vida. Después de seis décadas de abuso laboral, físico y psicológico, salió del encierro sin dinero y con un cuadro de anemia y desnutrición a causa de la mala alimentación, una de las formas en la que la maltrataban sus patrones.
El caso de Catalina Acosta muestra las violencias laborales que viven las trabajadoras del hogar en México, explica en entrevista Marcelina Bautista, directora y fundadora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH).
A Catalina la tenían incomunicada desde el principio de la pandemia. A su familia le decían que no podía salir porque tenía demencia, aunque un médico que la valoró después de ser liberada descartó ese diagnóstico. En una ocasión, Catalina logró contactar a su sobrina y ella, a través de redes sociales, buscó el apoyo del CACEH para sacar a su tía del encierro.
“Le dijo que la trataban muy mal, le gritaban mucho, le decían groserías, que ya no servía. No podemos permitir que a nuestras compañeras las denigren de esa manera”, agrega Marcelina Bautista, quien acompañó a Angelina Hernández, la sobrina de Catalina Acosta, a buscarla en su lugar de trabajo.
De acuerdo con ONU Mujeres, esta situación es, en gran medida, el reflejo de la escasa valoración social y económica que las sociedades suelen otorgar a esta actividad, lo que refleja la ausencia de legislaciones adecuadas o la falta de una aplicación efectiva de las mismas.
La trabajadora del hogar asegura que le quedaron a deber tres meses de salario, pero de acuerdo con Bautista y el CACEH, la deuda de sus ex patrones sería mayor si se les hiciera cumplir la Ley Federal del Trabajo. Tendrían que pagarle salarios vencidos, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y lo correspondiente en antigüedad por sus años de trabajo.
Siguiente paso: seguridad social obligatoria
En México hay más de 2.1 millones de personas empleadas como trabajadoras del hogar, de las cuales 91 por ciento son mujeres, según la última actualización de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Desde 2019, la Ley Federal del Trabajo reconoce ciertos derechos laborales para las trabajadoras del hogar en México: jornadas de máximo ocho horas, existencia obligatoria de un contrato escrito, seguridad social, licencia de maternidad y vacaciones pagadas. Estas reformas se hicieron tras la ratificación en el Senado mexicano del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece y defiende los derechos de las y los trabajadores del hogar.
El Convenio 189 entró en vigor en México casi una década después de su publicación internacional. Sin embargo, todavía no hay sanciones estipuladas para quien incumpla lo dispuesto por la ley.
“Falta que sea obligatoria. Falta que se regularice el trabajo, que se firme un contrato y que se otorgue seguridad social, que los patrones dejen de violentar los derechos humanos de las trabajadoras. El paso siguiente es que haya políticas públicas que obliguen a las personas empleadoras a respetarlas y sancionen a quienes les traten como a Catalina. De otra manera no vamos a tener justicia para personas violentadas”, afirmó Bautista.
Otro pendiente es la reforma a la Ley del Seguro Social que vuelva obligatoria la afiliación de las personas trabajadoras del hogar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); por ahora, este trámite sólo es voluntario. Durante octubre de 2021, el IMSS afilió a 40 mil 92 empleados y empleadas domésticas.
La iniciativa, que está en proceso de ser aprobada, garantizaría la asistencia sanitaria a las personas trabajadoras del hogar al reconocer su relación laboral, obtendrían las mismas condiciones de protección de su empleo que el resto de los trabajadores en otros gremios.
Un pago justo por su labor
Muchas veces, las trabajadoras del hogar cambian sus derechos por algún buen trato o por pagos en especie, explica Marcelina Bautista. Por ejemplo, la alimentación y el alojamiento que se le ofrece a las empleadas domésticas en su lugar de trabajo no debería concebirse como un pago, sino como una prestación vinculada al tipo de jornada y labores que realizan.
El salario promedio diario que el IMSS asocia con el trabajo doméstico es de 208.3 pesos, casi cien menos al mínimo propuesto por el CACEH. “La realidad es que eso ni siquiera alcanza para una cobertura decente de la seguridad social”, agrega Bautista.
Como muestra el caso de Catalina Acosta, las condiciones laborales para este gremio pueden derivar en un aislamiento que les imposibilita conocer sus propios derechos, explica la doctora Mercedes Pedrero Nieto, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM y especialista en estudios de economía social, género y trabajo doméstico.
“Un gran problema de este gremio es el trabajo en aislamiento, ya que esto significa la imposibilidad de la colectividad”, dice. Por ello, se vuelve tan relevante el trabajo de difusión de organizaciones no gubernamentales y de activistas que permitan combatir la desinformación del sector acerca de sus derechos laborales.
Este fenómeno no es exclusivo de México, pues se replica en otros países de Latinoamérica donde hay altos índices de desigualdad social. Como la relación laboral se da dentro de un entorno íntimo, muchas veces se confunde la relación laboral con una relación familiar.
Parte de las violencias ejercidas sobre las trabajadoras del hogar tienen su raíz en la incomprensión de qué implica su labor, explica Pedrero Nieto. “Conservan ese carácter de servidumbre, como si no fuera un trabajo normal. De ahí que se den otras formas de abuso con los horarios, mala paga, despidos injustificados y demás condiciones precarias”, explicó.
Es una cultura que en el CACEH luchan por cambiar: “Tenemos que deconstruir esas desigualdades para construir una cultura respetable del trabajo en el hogar. Que el trabajo doméstico sea por decisión y no por obligación”, afirma Bautista.
Violencia laboral exacerbada por la pandemia
La violencia contra las trabajadoras del hogar se da de muchas formas: desde la manera en que les ordenan las cosas hasta los abusos físicos y la privación de la libertad. Durante la pandemia de covid-19, a esa lista se sumaron otras vinculadas con la crisis sanitaria, explica Marcelina Bautista.
Por su parte, ONU Mujeres sostiene que la crisis sanitaria puso en evidencia a nivel global la debilidad de los sistemas de protección social, lo que tiene consecuencias concretas para las mujeres en general y en la región afecta particularmente a las trabajadoras domésticas.
La familia que retuvo a Catalina Acosta en una casa en Naucalpan justificaba su privación de la libertad con la prevención de contagios debido a la pandemia. “Hay muchas compañeras que explican que estuvieron encerradas en las casas de sus patrones durante año y medio para que no salieran y trajeran el virus con ellas. Pero si los patrones salían y se contagiaban, también las contagiaban a ellas”, lamenta Bautista.
A muchas trabajadoras que estaban de planta en sus lugares de trabajo se les impidió salir para regresar a sus comunidades origen y a las que laboraban en modalidad “de entrada por salida” se les redujo el sueldo o se les despidió.
“Todo esto acaba afectando a nivel psicosocial también, muchísimo. Genera estrés, ansiedad, aislamiento, pérdida de la relación social”, cuenta Paula Álvarez, maestra en seguridad y salud en el trabajo y coordinadora del programa Cerrando Brechas de la OIT.
Ante estas situaciones, el CACEH y otras organizaciones en 15 países de América Latina trabajaron con la OIT y la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar (FITH) para desarrollar un protocolo sobre los derechos y obligaciones para prevenir contagios y cuidar de su salud durante este periodo.
“El confinamiento es violencia y en ese encierro el acoso laboral crece. Empiezan a darse problemas de ansiedad, depresión, todo esto unido a jornadas laborales más largas que antes, pues al estar siempre en los domicilios, los patrones no delimitan las horas de prestación de servicios”, agrega Paula Álvarez, quien participó en el desarrollo de la segunda edición de dicha guía, publicada en 2021.
Después de 60 años de dedicación y servicio, Catalina Acosta podrá regresar a su comunidad de origen en la Huasteca Potosina, aunque lo hará sin ahorros, pero: “¿Quién se hará cargo de ella si ni siquiera tiene una pensión?”, pregunta Marcelina Bautista. “La principal forma de violencia hacia ella radica en el incumplimiento de sus derechos”.
(milenio.com)
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