Si bien Dish tiene el compromiso de cumplir con las obligaciones legales en materia electoral, no comparte que el Instituto Nacional Electoral (INE) haya optado por una opción que “resulta gravosa y lucrativa en favor del duopolio televisivo”, afirmó la empresa de televisión restringida.
Señala que su inconformidad por el pago de 7.7 millones de pesos a Televisa y Televisión Azteca que ordenó el INE, por la retransmisión de la pauta federal en su programación, radica en la no aceptación de estas empresas a los principios del “must carry” y “must offer”.
“Esto es, el deber de permitir la retransmisión de las señales de televisión abierta, de manera gratuita, no discriminatoria, en forma íntegra, sin modificaciones y con la misma calidad en la señal”.
Desde diciembre pasado, refiere en el reporte, la autoridad electoral tuvo conocimiento de las complicaciones técnicas y materiales por parte de Dish para incluir una pauta federal en sus retransmisiones de las señales de televisión abierta.
Asimismo, subraya, el INE conocía que al mandatar a las partes a llegar a un acuerdo estaba propiciando un conflicto adicional a las múltiples disputas legales que se han presentado en materia de telecomunicaciones a partir de la reforma constitucional aprobada en 2013.
Este domingo, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (Cirt) aseguró que al evadir sus obligaciones, Dish pone en riesgo el modelo de comunicación política-electoral, al generar inequidad desde el arranque de las precampañas en enero pasado.
Ello, advirtió, porque las spots electorales que transmite esa empresa -que son la mayoría en el Distrito Federal -se ven en todo el país, cuando sólo se debieran ver en el Valle de México, por lo que “los alcances de esta inequidad podrían llevar a que varias elecciones sean impugnadas”.
Al respecto, Dish señala que esta posición de la Cirt se trató de una opinión del ejecutivo y representante de Televisa, Javier Tejado Dondé, y no una declaración unánime, autorizada y discutida por el Consejo Directivo de la Cámara.
Lo anterior, añade, llevó a la Cirt a violentar sus propios estatutos en los que se señala que ningún miembro difamará o desacreditará directa o indirectamente a un competidor, ya sea por medio de la palabra o con actos que puedan poner en duda la integridad de dicho competidor, su crédito, su habilidad o la calidad de sus servicios.
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