Al pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se declare inconstitucional la primera parte del denominado Plan B electoral, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) sostuvo que estas reformas fueron un desafío “grave y directo” del gobierno federal en contra de instituciones “de origen ciudadano”.
En un recurso presentado ante el máximo tribunal del país, conocido como amicus curiae, representantes de Coparmex, así como de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (Anade), y del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (Incam), ofrecieron al ministro Alberto Pérez Dayán, encargado de elaborar el proyecto de este asunto, una opinión técnica y jurídica de las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
En este par de escritos, el sindicato patronal y ambas asociaciones civiles destacaron “las graves infracciones” al procedimiento legislativo que se dio en el Congreso de la Unión para poder aprobar esta primera parte del Plan B electoral, impugnaciones que se discutirán y resolverán en la sesión pública del Pleno de la SCJN de este lunes.
Los representantes de Coparmex, Anade e Incam se refirieron en particular a lo relativo a la discusión y aprobación de las distintas iniciativas que forman parte de estas reformas electorales.
Consideraron que el trámite de aprobación de ambos decretos fue “atropellado, antidemocrático y violentó el orden constitucional” al quebrantar las fases del proceso legislativo y anular la deliberación democrática.
“Se menospreciaron los avances del derecho parlamentario que garantizan los derechos de las minorías que mantienen las garantías democráticas del futuro”, enfatizaron.
En sus escritos, los representantes de Coparmex, Anade e Incam acusaron al gobierno federal de “darle la vuelta” al rechazo de reformas constitucionales a través de los cambios a las leyes secundarias lo que se conoció como Plan B.
“Que es en sí un desafío directo al orden constitucional y representaría el acto de imposición más serio en la historia reciente de nuestro país. Un desafío grave, claro y directo del gobierno hacia las instituciones que tienen origen ciudadano”, subrayaron.
Estos amicus curiae fueron firmados por Nuhad Ponce Kuri, presidente de la Anade; Isabel Davara Fernández, vicepresidenta del Incam; Arturo Pueblita Fernández, presidente del Incam; Elsa Margarita Pazo González, presidenta del Comité Jurídico y de Justicia de Coparmex; Marcos Francisco del Rosario Rodríguez, integrante del Comité Jurídico y de Justicia de Coparmex y José Medina Mora Icaza, presidente nacional de la Confederación.
(milenio.com)
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