Ante la gran cantidad de amparos, así como la obtención de varias suspensiones definitivas contra la nueva ley antitabaco, la organización civil El Poder del Consumidor pidió al Poder Judicial mexicano “mantenerse firmes” y no echar para abajo esta iniciativa.
En conferencia de prensa, informaron que hasta este jueves se han presentado alrededor de 600 amparos en contra del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco. Lo que calificaron como una acción recurrente para dilatar las medidas de salud pública, igual a lo que pasó en 2020, cuando presentaron más de 150 amparos contra el etiquetado frontal de advertencia.
Además recordaron que el tabaquismo es la primera causa de muerte prevenible a nivel mundial, pero sus efectos negativos también se trasladan a la economía.
Afirmaron que, en México, fumar mata anualmente a 63 mil 200 personas y cuesta más de 116 mil millones por año para la atención médica en hospitales y centros de salud de las patologías que provoca, lo cual representa 9.3 por ciento del total de gasto anual en salud.
También recordaron que en 2020 se adoptó el etiquetado frontal de advertencia, que se estima que puede prevenir 1.3 millones de nuevos casos de obesidad y ahorrar 1.8 mil millones de dólares en costos de atención médica durante cinco años, de acuerdo con un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública. Así como el Reglamento de la Ley General del Tabaco, en la cual, entre otras cosas, se prohíbe que los productos de tabaco sean exhibidos directamente a los consumidores.
“La industria ha presionado para que la discusión sobre este asunto se lleve a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También en esta instancia, de acuerdo con los proyectos de sentencia existentes, se confirma que el etiquetado de advertencia es constitucional y protege la salud de la población”, declaró Gabriela Guzmán, abogada de El Poder del Consumidor.
Finalmente, Javier Zúñiga, coordinador del área legal de El Poder del Consumidor, puntualizó: “El Poder Judicial se vuelve una pieza clave para que se logren implementar las políticas de salud públicas que protegen a la población. Aunque pocas veces los y las jueces ceden a las presiones de las industrias, basta que lo hagan un par de jueces para obstaculizar políticas que protegen la salud y salvan vidas”.
(milenio.com)
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