La ocupación temporal del gobierno federal de diversos tramos ferroviarios en Veracruz, que estaban en posesión de la empresa Ferrosur, filial de Grupo México, genera dudas sobre la aplicación del Estado de Derecho y puede desalentar inversiones, sentenciaron analistas.
Con esta ocupación que realiza la Secretaría de Marina (Semar), “el Estado está ejerciendo toda su fuerza y no es el mejor mensaje. No ayuda a un ambiente que propicie la confianza y seguridad” a los inversionistas nacionales y extranjeros, comentó el especialista del sector y la consultora Marcos y Asociados, Luis Miguel Labardini.
“El gobierno federal tiene varias vías para apropiarse de la infraestructura de los privados y escogieron este proceso que no es el más afortunado”, añadió el especialista.
Este viernes se dio a conocer que el gobierno federal en virtud de afectaciones económicas y fallas en la operación en el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, emitió un decreto para la expropiación de diversos tramos en Veracruz, que están en posesión de Ferrosur.
En el documento, la Semar detalló que los tramos que ocupará de forma inmediata son las líneas Z, ZA y FA, que corren de Medias Aguas a Coatzacoalcos, de Hibueras a Minatitlán y de El Chapo a Coatzacoalcos.
Por su parte, el director general del Instituto Mexicano de Desarrollo de Infraestructura (Imexdi), Edmundo Gamas, afirmó que es lamentable que el gobierno continúe con los procesos de expropiación y ocupación, ya que esto refleja problemas en el estado de derecho e incertidumbre entre los inversionistas.
Gamas señaló que ante este escenario Grupo México puede utilizar el sistema judicial para protección y revertir la ocupación del gobierno o en su caso se le pague lo adecuado por el uso de su infraestructura.
Luis Miguel Labardini de la consultora Marcos y Asociados,¿ explicó que lo realizado por el gobierno no es una expropiación, sino una ocupación temporal, que tiene como plazo máximo cinco años.
En este caso el Estado está tomando la infraestructura de Grupo México por un periodo determinado, pero aún no es el dueño final, detalló.
La ocupación temporal es la antesala de una expropiación, pero tampoco es garantía de que el gobierno vaya a tomar posesión una vez que pasen los cinco años, comentó Labardini.
Por otra parte, el especialista afirmó que esta situación no causará alguna afectación en la posible compra de Banamex por parte de Grupo México, ya que es un asunto entre privados y donde además el gobierno ya dio su “bendición”.
En días pasados, el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró su beneplácito porque Grupo México sea el que adquiera la institución financiera, recordó Luis Miguel Labardini.
(milenio.com)
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