A fin de evitar abusos e interpretaciones discrecionales de la ley, la Profeco y la Canirac establecieron un protocolo de verificación que dará a los restauranteros la oportunidad de evitar y/ o corregir ilegalidades.
Lo anterior evitará sanciones por parte del organismo, que alcanzan un rango que va desde los 600 a los casi cuatro millones de pesos, de acuerdo con la titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Lorena Martínez.
Refirió que en lo que va del año se dieron de baja 60 verificadores por actos de corrupción y abuso de sus facultades como servidores públicos, no sólo en el sector restaurantero, sino en todo tipo de negocios.
Asimismo, ambas instancias firmaron un convenio de colaboración donde la Profeco se compromete a un proceso de capacitación generalizado para el personal de la industria restaurantera.
La finalidad es que conozcan sus obligaciones como prestadores de servicios, ante el consumidor, en tanto que la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) se comprometió a certificar a sus 25 mil 500 afiliados, en el sentido de que cumplen con la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC).
En lo que corresponde al protocolo de verificación, los empresarios del sector se comprometieron, entre otras cosas, a tener precios a la vista de la totalidad de sus menús, así como su contenido calórico, lo que servirá también para prevenir la obesidad.
Martínez expuso que los verificadores imponían sanciones “abusivas y a veces absurdas”, por una interpretación particular del cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Explicó que en el marco del protocolo, la Canirac tendrá una plataforma pública digital donde se dará a conocer un listado de cada uno de los restaurantes afiliados que cumpla con su respectiva capacitación y autorregulación.
Asimismo, la cámara restaurantera divulgará aquellos que aún tengan lineamientos por corregir, a lo que se denominó “tarjeta amarilla”.
De acuerdo con la titular de la Profeco, los restauranteros contarán hasta con 36 horas para enmendar las anomalías, y una vez transcurrido ese plazo, personal del organismo acudirá al local a constatar el cumplimiento de la LFPC; de no hacerlo se procederá entonces a la sanción correspondiente.
Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac), Hugo Vela Reyna, expuso que la cúpula trabajará para difundir el protocolo, no sólo a sus 25 mil 500 afiliados, sino también entre quienes no lo son y que entre ambas partes suman 527 mil establecimientos.
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