La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés) pidió al gobierno de México revisar los derechos laborales en Minera Tizapa, proyecto extractivo de Industrias Peñoles ubicado en Zacazonapan, Michoacán.
En un comunicado, la administración de Joe Biden dijo que recibió reportes de una supuesta denegación del derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva.
Katherine Tai, representante de la USTR, expuso que el gobierno de Estados Unidos decidió suspender la liquidación de aranceles a bienes provenientes de la instalación, subsidiaria de Industrias Peñoles -firma presidida por Alejandro Baillères, especializada en la minería de plomo y otros materiales- ya que la solicitud, que se realizó en respuesta a una petición.
Marca la vigésima segunda vez que Estados Unidos invoca formalmente el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) en el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC).
“Al activar el mecanismo de respuesta rápida, estamos reafirmando los derechos de los trabajadores a afiliarse libremente al sindicato de su elección y participar en actividades sindicales sin discriminación ni represalias.
“La acción de hoy desbloquea la promesa del T-MEC para los trabajadores que han sido despedidos ilegalmente, así como para aquellos que temen ser los siguientes”, dijo la embajadora.
Afirmó que con esta acción esperan ampliar su colaboración con el gobierno de México para abordar las actuales negaciones de derechos en esta instalación.
Por su parte, la subsecretaria adjunta de asuntos internacionales, Thea Lee, afirmó que continuarán utilizando el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida para “erradicar esas prácticas”, dijo la subsecretaria adjunta de Asuntos Internacionales.
Según el documento, el pasado 4 de marzo, el Comité Laboral Interinstitucional para el Monitoreo y la Aplicación (ILC) recibió una petición al MLRR del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (Los Mineros), un sindicato mexicano independiente, donde alegaban que Industrias Peñoles cometió actos de interferencia del empleador en los asuntos sindicales, al despedir a varios trabajadores en represalia por su actividad sindical.
Además de que demostraron favoritismo hacia el sindicato actual, como pagar un bono especial solo a sus afiliados.
La ILC detalló que revisó la petición y la información que la acompañó, dentro de 30 días, con lo que se determinó que existe evidencia suficiente y creíble de una denegación de derechos que permite la invocación de buena fe de mecanismos de aplicación.
Tras esta nueva solicitud, México tiene 10 días para aceptar realizar una revisión y, si está de acuerdo, 45 días a partir de hoy para completar la revisión.
(milenio.com)
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