» En riesgo, mil 500 mdd de inversiones en terminales por cambios en comercio exterior

La publicación de un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que bloquea la importación de hidrocarburos a empresas privadas en lugares distintos a los recintos fiscales, tendrá un impacto de mil 500 millones de dólares a inversiones en terminales.

La socia de la consultora BF Actuarios, Ana Margarita Pérez, dijo que de acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el número de permisos vigentes en las terminales marítimas asciende a mil 500 millones de dólares, los cuales están en riesgo.

“Muchos de ellos ya están invertidos, pero al menos ese dato es de los permisos que se otorgaron en años pasados para construcción de terminales de almacenamiento de hidrocarburos en puertos marítimos”.

Con la publicación de dicho Acuerdo, permite que Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sean los únicos que puedan importar y exportar en lugares distintos a los recintos fiscales.

​El Ceo de PetroIntellegence, Alejandro Montufar explicó que dicha medida para controlar el contrabando de combustible, pérdida de ingresos al fisco por menor cobro del IEPS y distorsiones de precios en estaciones de servicio con precios que no reflejan el verdadero costo.

En un webinar organizado por la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), Alejandro Montufar que la medida para atacar estos problemas, no es la mejor solución y podría tener como consecuencia un mayor costo de los combustibles en su venta al público y un mayor control de las empresas dominantes del mercado.

Por su parte, la consultora Senior de Lobbyng México, Rocío Robles, dijo que este cambio en la política energética nos afecta a todos los mexicanos, y con estas medidas todos los jugadores van ajustar sus precios hacia arriba.

El socio de la consultora Chevez Ruiz Zamarripa, Gerardo Canseco, dijo que el impacto que genera la limitante para obtener la autorización para el despacho por lugar distinto al autorizado, otorga preponderancia absoluta a las empresas productivas del Estado, sus organismos subsidiarios y productivas subsidiarias, desplazando a participantes de la industria de hidrocarburos y petrolíferos, así como de la industria minera.

(milenio.com)