Bruselas.- La Comisión Europea (CE) busca obligar, a partir de enero de 2016, a todos los países de la Unión Europea a informarse mutuamente de los acuerdos fiscales pasados con multinacionales.
La medida hace parte de una propuesta legislativa que aún tiene que ser aprobada por los 28 Estados miembros de la Unión Europea (UE) antes de entrar en vigor.
La medida busca cerrar el cerco a empresas como Apple, Amazon o Starbucks, que se aprovechan de agujeros legales para eludir impuestos en determinados países, causando un prejuicio anual de hasta un billón de euros en toda la mancomunidad.
“La tolerancia ha tocado fondo con las multinacionales que evitan pagar su parte justa de impuestos y para los regímenes (tributarios) que les permiten hacerlo”, sostuvo el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, en rueda de prensa.
De acuerdo a la propuesta de Bruselas, los gobiernos de los 28 Estados miembros de la UE estarán obligados a informar a sus socios, en intervalos trimestrales, de las resoluciones fiscales transfronterizas que hayan adoptado desde 2005.
A continuación, los Estados miembros podrán solicitar información más detallada en relación con una determinada resolución.
De esa manera, “las autoridades tributarias podrán determinar mejor las lagunas fiscales o los casos de doble imposición entre Estados miembros”, señaló el vicepresidente de la CE responsable del euro, Valdis Dombrovskis.
El Ejecutivo promete presentar “en los próximos meses” medidas concretas para remediar esos casos y “reparar el vínculo en donde las compañías obtienen realmente sus beneficios y donde pagan los impuestos”.
Al mismo tiempo, espera que la medida fomente una competencia fiscal “más leal”, confiando que las autoridades tributarias “serán menos proclives a ofrecer a las empresas un trato fiscal selectivo una vez que sus prácticas puedan ser controladas por sus homólogos”.
Los 28 Estados miembros de la UE también deberán notificar sus acuerdos sobre precios de transferencia para compraventas y otras operaciones entre empresas del mismo grupo.
La información tendrá que enviarse anualmente a la CE, que producirá un informe periódico sobre las diferentes prácticas.
El problema de las ventajas fiscales concedidas a las multinacionales se tornó prioridad para Bruselas después del llamado “Luxleaks”, que reveló la existencia de acuerdos millonarios entre el gobierno de Luxemburgo y más de 400 multinacionales.
Algunas empresas pudieron reducir la base imponible a hasta 1.0 por ciento de sus beneficios, en detrimento de la recaudación de países vecinos donde tienen ramificaciones.
Además de Luxemburgo, también Holanda e Irlanda se encuentran bajo investigación del Ejecutivo europeo por pactos de ese tipo que, no obstante, son considerados legales de acuerdo con la legislación comunitaria.
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