En breve se pondrá en marcha el Fondo Minero, que se aplicará por primera vez en el país y que proviene de los nuevos derechos que deberán cubrir todas las empresas que tengan operación minera en México.
Así lo informó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que será la responsable de vigilar que el funcionamiento del fondo se dé en un marco de transparencia, mediante el consenso, y siempre encaminado a atender las necesidades históricas de las comunidades en materia de servicios.
El responsable del tema de Minas y Contratos de Explotación, Ricardo López Pescador, precisó que los nuevos derechos que las empresas mineras deberán cubrir se clasifican como adicionales, especiales y extraordinarias.
Del total de esos impuestos, 80 por ciento de la recaudación se va al fondo y 20 por ciento se queda en Hacienda; en tanto, los recursos del fondo se distribuirán en 37.5 por ciento para los estados y 62.5 por ciento para los municipios, precisó la dependencia.
En un comunicado, agregó que el impuesto adicional significa 7.5 por ciento sobre el valor de las utilidades de las empresas mineras, el cual será pagado por éstas además de las obligaciones fiscales con las que cumplen hasta ahora.
El impuesto especial, por su parte, es un gravamen que se paga por las concesiones mineras, mismo que depende del número de hectáreas concesionadas a las empresas mineras, y que no estén trabajando en exploración o explotación, y el impuesto extraordinario representa 0.5 por ciento de los ingresos de las empresas por la extracción de oro, plata y platino.
La Sedatu se encargará de vigilar que los beneficios de este Fondo Minero se conviertan en diferentes obras y acciones, que busquen el cuidado y tratamiento del agua, creación de drenajes, electrificación, caminos y clínicas de salud.
Además en acciones en materia educativa, así como equipamiento y entrega de computadoras a las escuelas de los municipios en cuestión.
“Se pretende que los beneficios lleguen a las zonas mineras para incorporarlas al desarrollo que tienen las zonas urbanas. Se atenderán las demandas históricas y que son muy necesarias, pero que varias generaciones han demandado sin verlas hechas realidad”, apuntó López Pescador.
El funcionario de la Sedatu refirió que en 24 estados del país se concentra la actividad minera y por su importancia, con base en el valor de la producción minera, destacan Sonora, Zacatecas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Michoacán, San Luis Potosí, Guerrero, Colima y Estado de México, de acuerdo con información de la Secretaría de Economía.
El objetivo es que en cada municipio donde se explota la minería, dentro de esos 24 estados, se lleven a cabo acciones que impulsen el desarrollo humano y propicien un mejor nivel de vida para sus habitantes, indicó.
“Todo el proceso estará sujeto a una fiscalización muy puntual, y ello significa que los municipios no podrán usar estos recursos para cuestiones administrativas o para compromisos financieros de otra índole. El recurso no está diseñado para oxigenar las tesorerías municipales, sino para que el recurso baje contra el avance de obra, lo cual generará una mayor confianza”, acotó.
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