Un tribunal federal ordenó a un juez que admita las pruebas que ofreció Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, quien busca demostrar que el bloqueo de sus cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presuntamente se realizó de manera ilegal.
Por unanimidad, los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito declararon fundado el recurso de queja del mandatario estatal, quien impugnó que un juez de amparo desechó sus documentales.
Cabeza de Vaca pretende que Héctor Gastón Solórzano Valenzuela, juez Séptimo de Distrito en el estado de Tamaulipas, solicite a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), asistencia internacional.
Lo anterior, para determinar si es verdad que el gobierno de Estados Unidos “recomendó” el bloqueo de sus activos.
El gobernador ofreció como pruebas dos escritos en los que solicita preguntar a los agregados en México del Departamento de Justicia de EU y del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), sobre el documento que usó la Unidad de Inteligencia Financiera para ordenar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el bloqueo. Sin embargo, el juez desechó las pruebas.
La UIF argumentó que el bloqueó de las cuentas derivó de una solicitud de la autoridad extranjera, el 4 de mayo de 2021.
El tribunal federal indicó que, si dicha documentación sirvió de base para ordenar el bloqueo, el gobernador tiene el derecho de solicitar la información conducente de esas mismas autoridades para su defensa, y como parte de ello, la correspondiente obligación de las autoridades mexicanas para pedir, a través de los mecanismos establecidos, la información.
Los magistrados subrayaron que el gobernador tiene la razón al argumentar que al ser autoridades extranjeras, no le es posible solicitar el informe de manera directa.
Las preguntas que busca que respondan los agregados norteamericanos tienen que ver con el procedimiento que deben seguir las autoridades competentes de Estados Unidos, encargadas de una investigación penal (criminal) para tramitar una solicitud de asistencia jurídica internacional en la que se solicite el bloqueo, aseguramiento o congelamiento de cuentas bancarias, en México.
De igual manera, quiénes son los funcionarios competentes del Departamento de Justicia de EU y del FBI, encargados de autorizar y firmar las solicitudes de asistencia jurídica internacional.
Y si el agregado jurídico del Departamento de Justicia en la Embajada de Estados Unidos en México se encuentra facultado para iniciar investigaciones criminales en materia de lavado de dinero.
(milenio.com)
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