Martha Magaña López, jueza Quinto de Distrito en el estado de Morelos, quien concedió una suspensión que ordena a la Cámara de Diputados que suspenda la discusión de la reforma judicial, defendió el acuerdo que emitió y dijo que si éste no está correcto, corresponderá a un Tribunal Colegiado decidirlo, y con ello demostrar que existe independencia judicial.
En la sede de los juzgados federales, ubicada en la ciudad de Cuernavaca, la juzgadora fue apoyada por trabajadores que exclamaban “¡No estás sola!”
Magaña López dijo que los jueces todos los días hacen su trabajo y no esperan reconocimientos, ya que lo que siempre esperan son reclamos.
“Yo en esta ocasión digo, no puedo hablar mucho del tema porque no puedo comprometer mi criterio, pero lo único que les puedo decir es que en ese acuerdo, en esa suspensión, están muchas historias, porque uno aprende desde que es oficial, yo estuve cinco años de practicante, después fui oficial, ese acuerdo y mi corazón tiene en pedazos de practicante, pedazos de oficial, pedazos de secretaria particular, pedazos de actuaria, pedazos de secretaria y finalmente pedazos de jueza”.
“Ese acuerdo nos representa a todos y esta vez me tocó hacerlo a mí. Si está correcto o no, va a haber un tribunal que lo revise y es así como debería de ser la independencia judicial”, expresó entre muestras de apoyo.
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Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó exhortar al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que garantice la función jurisdiccional y que el paro apoyado por algunos jueces y magistrados no siga lesionando el derecho humano de acceso a la justicia.
Lo anterior, fue propuesto por la ministra Lenia Batres Guadarrama, pero la única que la apoyó fue Yasmín Esquivel Mossa.
En sesión privada, se dio a conocer que la propuesta de la ministra Batres Guadarrama fue oficializada el viernes 30 de agosto, mediante un oficio dirigido a la presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández, quien también preside el CJF.
En el escrito, la ministra advirtió que la única organización que ha reivindicado este paro es una asociación civil (Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF), que no tiene personalidad jurídica para promover un paro laboral, menos aún cuando la medida busca suspender los trabajos de uno de los tres Poderes de la Unión.
“Ante la paralización de actividades y toda vez que la única determinación formal sobre el tema ha sido tomada por una asociación civil, debe tomarse en cuenta que una A.C. por más que sea integrada por personas juzgadoras, no tiene el alcance de emitir declaratorias formales de suspensión de labores y establecer medidas que afecten directamente el ejercicio de los derechos de terceros”.
“La emisión de acuerdos sobre la actuación de los tribunales es responsabilidad del Consejo de la Judicatura Federal por lo que una persona moral de derecho privado puede encontrarse usurpando funciones del órgano que constitucionalmente se encuentra encargado de la administración y disciplina del Poder Judicial”, detalla el oficio.
(milenio.com)