Tuxtla Gutiérrez.- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) señaló que Radio Bonampak operaba en esta capital de forma ilegal, toda vez que no cuenta con la concesión otorgada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel).
En un comunicado que emitió esta noche, la PGJE dio a conocer los pormenores de la operación de cateo realizada el pasado 26 de diciembre en el inmueble que ocupaba en atención a la orden obsequiada por el Juzgado Tercero del Ramo Penal mediante el oficio 1157/B/2014.
La instancia local detalló que esas acciones se llevaron al cabo en atención a una denuncia ciudadana, misma que señalaba que en la casa ubicada en la Calle Ocosingo, Manzana 50, Lote 11, Colonia Los Manguitos en esta ciudad, se acopiaban artículos robados.
Los agentes aseguraron en el inmueble tres equipos de cómputo, dos cámaras de video, cinco micrófonos, un transmisor, una consola de audio y una antena, de los cuales a la fecha no se han acreditado la procedencia legal.
Asimismo, expuso que obra en autos acumulados la declaración ministerial de Horacio Culebro Borrayas, quien se presenta como propietario de Radio Bonampak, donde reconoce que no cuenta con la concesión correspondiente que otorga el Ifetel para operar la radio.
También indicó que realizó la solicitud de permiso ante el Ifetel, instancia que el pasado octubre le expidió una opinión favorable para continuar con los trámites que le permitiría instalar y manejar la estación de radio, bajo el expediente número UCE/ONP-007-2014.
Dicha opinión fue emitida en materia de competencia económica, es decir, en ningún momento se le otorgó la concesión única por parte del Ifetel que señala la Fracción IV del Artículo 67 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aclaró.
Además, abundó, la opinión señala que “será la Unidad de Sistemas de Radio y Televisión quien tramitará lo que en derecho corresponda a la solicitud de permiso presentada”.
Las próximas horas se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación por delitos de su competencia en razón de la materia.
La procuraduría refrendó su “compromiso con el pleno ejercicio de la libertad de expresión”, y señaló que “nadie que actúe fuera del marco de la legalidad puede llamarse perseguido político”.
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