Un juez federal rechazó amparar al ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, quien buscaba enfrentar en libertad el proceso que se le sigue por presuntos delitos de ejercicio indebido de funciones, peculado, y delitos electorales.
El 18 de junio de este año el juez de control adscrito al Centro Regional de Justicia Penal, con sede en Tepic, lo vinculó a proceso por los mencionados ilícitos y decretó la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
El juez local consideró que Roberto Sandoval no comprobó tener arraigo en la ciudad de Tepic y enfrenta diversos delitos a nivel local, además de un proceso federal por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en agravio de las finanzas públicas del estado que gobernó. También aseguró que existía “peligro de sustracción” de la justicia.
Óscar Márquez Torres, secretario del juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Nayarit, en funciones de juez federal, determinó que debe prevalecer la medida cautelar impuesta por el juez del fuero común.
El juzgador federal declaró infundado cada uno de los alegatos del ex mandatario, quien alegó que se “coartó su derecho a la libertad” porque debía considerársele procesado hasta el momento de su vinculación a proceso y no antes, y aún así se le impuso la medida cautelar.
En su demanda, Roberto Sandoval mencionó que no por estar siendo procesado en causas diversas, era procedente la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
El mencionado proceso derivó de la segunda orden de aprehensión, de tres del orden común, que se ejecutó contra el ex gobernador.
El mandamiento judicial fue cumplimentado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal en el penal federal de “El Rincón”, en Tepic.
La primera vinculación a proceso que dictó un juez de control del fuero común, es por el probable desvío de recursos del Fondo de Inversión y Reinversión para la Creación y Apoyo de Empresas Sociales (FIRCAES).
En junio de este año, tras ocho meses de seguimiento, los trabajos de investigación permitieron identificar al menos 40 domicilios en las entidades de Nayarit, Jalisco, Nuevo León, Estado de México y Ciudad de México, donde se presumía que podía estar oculto el ex gobernador y su hija Lidy Alejandra, ésta última quien hoy enfrenta un proceso por un supuesto delito de lavado de dinero, caso que enfrenta en libertad.
(milenio.com)
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