Los Cabos, BCS.- El tema del amparo otorgado por un juez de distrito promovido por padres de familia en favor de la educación de sus hijos con el respaldo de dos abogados sudcalifornianos, llegará este martes al Senado de la República
En este tema, ha sido fundamental el papel desempeñado por la presidenta regional de la Asociación de Padres de Familia del Municipio de Los Cabos, Adriana López Monge y los abogados Adrián Real y Ruy Lara Díaz, de Litigio Estratégico con Causa Social.
La fecha clave será el dos de julio, cuando los padres de familia representados esperan una resolución definitiva en primera instancia en materia en los juzgados de distrito que conocen los juicios de amparo, comenta Adrián Real.
La lucha ha sido, paulatina, comenta Adrián Real, quien junto con Ruy Lara Díaz, decidió tomar el caso de los padres, que en la voz de Adriana López Monge deja en claro que no es una lucha contra los maestros, sino en favor de los derechos de los niños.
“Lo que logramos con este amparo, no es contra los maestros, sino que el Estado cumpla con su obligación, y que el derecho de los niños este por encima de los demás”, dijo López Monge, también presidenta de la Asociación Estatal de Padres de Familia.
En esto coincide con el abogado Adrián Real, quien en ese sentido señaló que el amparo “ayuda a poner el derecho de los niños sobre el derecho de los maestros, basado en que, ninguna lucha sindical puede estar sobre un derecho constitucional”
En entrevista por separado, tanto Adrián Real como Adriana López Monge resaltan que este acontecimiento marca un precedente en el tema de los paros magisteriales, pues de esta manera se regresa a los niños y jóvenes el derecho que tienen a la educación.
No obstante, también coinciden en que la labor apenas empieza, pues desde la apreciación de López Monge es que los padres siempre han sido temerosos de los maestros y que este temor los inhibe para participar, aunque considera que ahora será distinto.
“Con esto logramos que la autoridad y el magisterio dejaran de tener contubernio, porque ellos siempre terminan negociando”, señala López Monge quien considera que de una u otra manera, los maestros siempre son considerados “un capital político”.
Anotó que el fallo del amparo otorgado por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito de Baja California Sur, fue emitido desde el 26 de mayo, seis días después de terminado el paro de los maestros iniciado el 27 de abril.
Pero se requería de cautela, dijo, pues se estaba en medio de un proceso electoral que podría contaminarse con un tema ya de por sí delicado y que requería prudencia, “pero una vez terminado el proceso electoral, nos interesa que se le dé difusión”.
El paro de actividades de los maestros, se extendió a lo largo de 23 días, lo que en consideración de los promoventes del amparo afectaba por lo menos a unos 120 mil alumnos de educación básica por lo que decidieron impulsar este recurso constitucional.
“Los padres de familia, preocupados, se acercaron a nosotros, les presentamos un argumento que les interesó”, comenta Adrián Real, y acto seguido, con el respaldo de los progenitores “decidimos presentar un amparo por omisión contra el Estado”.
Indicó que la demanda de amparo les fue negada por el Juez de Distrito, “acudimos al Tribunal Colegiado y finalmente nos concedió la suspensión definitiva”.
Recordó que el Tribunal Colegiado primero les otorgó la razón “y le ordenó al Juez de Distrito que nos diera la suspensión provisional y eventualmente la suspensión definitiva en contra del Sistema Educativo.
Señaló que el fallo establecía que se tomaran todas las medidas a su alcance para que los menores continuaran recibiendo educación.
“Esto quiere decir en los hechos, que se habilitaran aulas o en las aulas mismas en la que ellos estaban, poniéndoles un maestro a cada uno de los alumnos para que no se siguieran violando los derechos a la educación”, relata Adrián Real.
El abogado señala que además de la escuela primaria “Arturo Guerrero González”, el amparo también beneficia a la escuela primaria “Idelfonso Green” ubicada en Cabo San Lucas, pero en ambos casos, insiste, de gran trascendencia en México.
Tanto los abogados, como la dirigente de los padres de familia entienden que el proceso puede ser largo, pero sin importar lo que tarde, ya se tienen las bases y las herramientas legales para que los ciudadanos procuren el derecho a la educación de sus hijos.
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