El Instituto Nacional de Migración (INM) separó de sus funciones a dos agentes migratorios asignados a la Oficina de Representación (OR) en Baja California.
Esta determinación surgió luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) iniciara una carpeta de investigación por presuntos actos ilícitos relacionados con su desempeño laboral.
Ambos son esposos y podrían estar vinculados al cobro de dinero a grupos dedicados al tráfico internacional de migrantes.
La institución migratoria se comprometió en proporcionar todos los elementos solicitados por el Área de Especialidad de Control Interno en el Ramo Gobernación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que puedan llevar a cabo una investigación exhaustiva y tomar las medidas necesarias.
Uno de los empleados separados de sus funciones estaba asignado a la garita El Chaparral, ubicada en el municipio de Tijuana, Baja California. Mientras tanto, el otro empleado desempeñaba labores administrativas en la Oficina de Representación.
“El INM reitera que en ninguna circunstancia tolera conductas que atenten contra los principios de legalidad que guían el actuar de la institución”, compartieron en su comunicado.
Asimismo, reafirmó su disposición para colaborar plenamente con las autoridades ministeriales en el esclarecimiento de los hechos y se comprometió a dar seguimiento puntual a la investigación correspondiente.
Se les incautaron balas y dinero
De acuerdo con la carpeta de investigación, se les incautaron 15 balas calibre 9 milímetros, una de las cuales tiene punta expansiva. Además, se decomisaron un millón 90 mil pesos y 27 mil dólares en efectivo, los cuales estaban resguardados en su domicilio ubicado en el fraccionamiento Santa Fe, en Tijuana.
Inicialmente, el juez Oscar Saúl Cortez Ortiz consideró que podrían quedar en libertad bajo proceso, razón por la cual los empleados federales continuaron trabajando en el caso.
Sin embargo, recientemente el juzgador determinó dejarlos en libertad, debido a que consideró ilegales sus detenciones, ya que el cateo se prolongó demasiado en el tiempo.
Como consecuencia de esto, se señala que fueron puestos tarde a disposición del Ministerio Público.
Hasta el momento, ninguno de los empleados ha logrado justificar legalmente por qué tenían el dinero en su residencia.
(milenio.com)
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