Tuxtla Gutiérrez.- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que en las últimas horas obtuvo del juez 3 penal de “El Amate” la orden de aprehensión contra el hermano del ex alcalde de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Samuel Díaz Pérez, quien aún se encuentra prófugo de la justicia.
La PGJE indicó que elementos del grupo interinstitucional realizan operativos con el objetivo de lograr su localización para que responda a las acusaciones de privación de la libertad, tortura, abuso de autoridad, robo agravado y asociación delictuosa.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Relacionados con Servidores Públicos, Samuel Díaz Pérez fue identificado por las víctimas y diversos testigos como uno de los sujetos que los amagaron y privaron de su libertad.
Además, las imágenes del circuito de video vigilancia que obran en la indagatoria dejan ver al presunto responsable cuando llegó al lugar a bordo de una camioneta Chevrolet pick up color negro, y vestía camisa blanca y pantalón oscuro.
En un comunicado, la PGJE indicó que las investigaciones señalan que el 23 de diciembre pasado, Enoc Díaz Pérez, entonces alcalde de Pueblo Nuevo Solistahuacán, arribó al restaurante denominado “Siempre verde”, ubicado en el municipio de Jitotol.
El propietario del lugar, Édgar Belisario Fonseca García, acompañado por Héctor Constantino Rendís Trujillo y Alejandro García Gil, fueron detenidos de forma ilegal por un grupo de unos 30 sujetos armados que viajaban en camionetas particulares y entre quienes se encontraba Samuel Díaz Pérez, hermano del ex munícipe.
Las pesquisas indican que el ex alcalde se dirigió a Fonseca García, a quien le reclamó por la supuesta autoría intelectual de la publicación de un texto en su contra, e instruyó al grupo de sujetos que lo acompañaban a detener a las tres víctimas, a quienes trasladaron a bordo de las camionetas.
En un primer momento, fueron llevados a la cárcel municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán y después al Auditorio Municipal, donde permanecieron privados de su libertad, siendo torturados y obligados a firmar un documento en el que se comprometían a no seguir divulgando el texto referido.
Ante esos hechos, la Procuraduría estatal atendió la denuncia presentada por los agraviados y dio inicio al desahogo de las diligencias correspondientes.
Las pruebas realizadas de fe ministerial de lesiones, dictamen médico legista y valoración psicológica concluyen que las víctimas sufrieron tortura.
Asimismo, por medio de las imágenes del circuito de video vigilancia del restaurante, se observa la llegada del grupo armado encabezado por el ex alcalde, así como el momento en que las tres víctimas son subidas a la unidad y llevadas por la fuerza.
Ante ello, el grupo interinstitucional continúa con los operativos para lograr el arresto del imputado.