Con los cuatro municipios con más réditos electorales —Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros y Ciudad Victoria— gobernados por Morena, el Partido Acción Nacional (PAN) se enfrenta a la urgencia de mantenerse en la gubernatura de Tamaulipas los próximos seis años.
El ex secretario de Gobierno, César El Truco Verástegui, será el abanderado de la alianza opositora del PAN-PRI y PRD. Aunque el senador Ismael Cabeza de Vaca, hermano del gobernador del estado, buscaba ser el aspirante, pero un proceso legal en su contra y el hecho de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantenga sus cuentas congeladas, complicó su postulación.
El cardiólogo Américo Villareal fue designado candidato de Morena tras ganar las encuestas internas. Su perfil hizo que la ciudadanía optara por un médico de profesión, hijo del ex gobernador Américo Villareal, quien coincidió en la política con Leandro Rovirosa, un tabasqueño cercano al Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Movimiento Ciudadano también competirá solo con el empresario Arturo Díez Gutiérrez.
La contienda electoral en Tamaulipas se enmarca en un proceso de desafuero contra el gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca, pero deberá ser validado por una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tentativamente el 24 de marzo.
De ser así, Tamaulipas tendría un gobernador sustituto los próximos meses y el escenario electoral para Acción Nacional y sus aliados, sería aún más complicado.
A esto se suma que cuatro legisladoras morenistas renunciaron a su bancada y dejaron a su partido sin la mayoría obtenida en junio de 2021.
La salida de Nancy Ruiz, Nayeli Lara, cercanas al alcalde de Madero, Adrián Oceguera, así como Leticia Sánchez y Lidia Martínez hizo que el PAN tenga la posibilidad de aprobar Cuenta Pública y nombrar, de ser el caso, al gobernador sustituto.
La fractura de la bancada morenista en “la casa del pueblo” de Tamaulipas también ha provocado problemas en la campaña de Américo Villareal, el médico que con todo el respaldo y la cercanía presidencial, también se enfrenta a un fuego amigo proveniente de la ex panista y ex presidenta municipal de Reynosa, Maki Ortiz, lo mismo que del grupo cercano al senador Ricardo Monreal, a través de Rodolfo González, ex súper delegado de programas federales y el legislador suplente, Alejandro Rojas Díaz Durán.
La ex panista, quien logró que su hijo Carlos Peña fuera electo alcalde de Reynosa, aun tiene impugnado el proceso interno de selección del candidato al gobierno del estado.
Así Tamaulipas arrancará las campañas electorales el 3 de abril y siete días después, el 10 de abril, se llevará a cabo en todo el país la consulta sobre la revocación de mandato, lo que será una primera evaluación de los partidos políticos y dará un panorama de lo que se reflejará en las urnas en junio próximo.
Seguridad, más allá de las cifras, la lucha por la percepción
Al menos diez años de una cruenta batalla entre cárteles del crimen organizado colocaron a Tamaulipas como uno de los estados más violentos del país.
Eso, hasta hace un par de años donde la violencia comenzó a reducirse, al menos en las cifras oficiales. La paz se refleja en los números aunque la batalla está hoy en la percepción ciudadana,
En 2017, las cifras de incidencia delictiva situaron a Tamaulipas entre los primeros estados más violentos del país. Para enero de este año, cayó hasta el sitio 27 en la lista nacional, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Una reducción del 28 por ciento en los delitos de alto impacto, de acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano, si bien es de presumirse, no se refleja del todo en la percepción de la sociedad que difícilmente cree que ese estado pueda ser un sitio seguro donde abundan los campos de exterminio y las masacres de migrantes.
La violencia focalizada en los municipios fronterizos como Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo no se replica en otros como Victoria o Tampico, esta última ciudad ahora considerada entre las cinco más seguras del país.
Luis Alberto Rodríguez, vocero de Seguridad de Tamaulipas, asegura que la estrategia que se ha implementado en los últimos años refleja una baja muy importante en los delitos de alto impacto, particularmente homicidios dolosos y secuestro.
Incluso, la encuesta del Inegi sobre percepción de inseguridad ubica a Tampico en los primeros lugares con mejor seguridad a nivel nacional, aunque ciudades como Nuevo Laredo y Reynosa, que llegaron a tener un 97 por ciento de percepción de inseguridad, también han logrado reducir sus niveles un 15 por ciento.
Juan Antonio Centeno, director del Observatorio Ciudadano de Tamaulipas, admitió que en 2017 el estado era uno de los más violentos de todo el país. Sus carreteras eras intransitables después de las 19:00 horas y poco a poco la implementación de operativos de vigilancia entre autoridades locales y federales han contribuido a una mejora.
“Si ahorita nos comparamos con los otros estados que tienen un problema grave de seguridad, creo que nos podríamos comparar de una manera que así estuvimos, porque así era, habíamos perdido la movilidad, habíamos aprendido a vivir con toques de queda, y no del gobierno. Fue esa parte de evolucionar y cambiar”, aseguró.
Integrante de las mesas de seguridad en el estado, Centeno Quevedo, sostiene que existe un avance en la reducción de la criminalidad.
En 2017 había hasta ocho secuestros al mes y cinco años después las cifras dejan ver una reducción de solo dos en el mismo periodo. Esto, admite, se debe a detenciones importantes, desarticulación de bandas y trabajo conjunto de las distintas corporaciones estatales y federales.
Cuando el panista Francisco Javier Cabeza de Vaca llegó a Tamaulipas, la incidencia delictiva iba aún a la alza. La disputa entre los cárteles del Golfo y los Zetas provocaron una disputa que desencadenó niveles de violencia que mantenían a Tamaulipas como una de las entidades más inseguras.
Cinco años después las cifras son otras, pero episodios de violencia, masacres como la de Camargo o Nuevo Laredo en las que elementos del Grupo de Operaciones Especiales, creado en su gobierno, opacan los resultados y abonan a la creencia de que existe una paz simulada en Tamaulipas.
Sin embargo, la actuación de los grupos criminales se focalizó hacia la violencia contra migrantes la cual se convirtió en un negocio rentable para la delincuencia. Episodios como San Fernando marcaron al estado.
Hoy, los grupos criminales siguen operando en el estado, pero las células de los Zetas tomaron diversos nombres como el Cártel del Noreste o Zetas Vieja Escuela, que aliados al Cártel Jalisco Nueva Generación, operan principalmente en los municipios fronterizos.
De acuerdo con el secretariado estatal de seguridad pública, en 2017 se registraron 801 homicidios dolosos, para 2021 la cifra llegó a 526 y en lo que va de este año se han registrado 34.
Al día de hoy estados como Zacatecas, Baja California, Colima, Sonora y Michoacán ocupan los primeros cinco lugares en homicidios dolosos a nivel nacional.
Sin embargo, algunos delitos como el robo a negocio se han incrementado del 10 al 37 por ciento en los últimos cinco años.
Una de las razones por las que la percepción ciudadana no refleja la baja en los índices delictivos en la creación del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES), que depende de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas y que realiza operativos de alto impacto contra los grupos criminales, han sido acusados por cometer arbitrariedades y masacres como la de Nuevo Laredo, en 2019, cuando fueron señalados de haber asesinado a ocho personas, a quienes sacaron de sus casas, los vistieron de con ropa táctica y sembraron armas, hecho que posteriormente fue probado por los organismos de derechos humanos.
En enero del 2021, 19 personas, la mayoría migrantes, fueron asesinados en un paraje en Camargo, por este hecho fueron señalados policías estatales pertenecientes a los Gopes.
Organizaciones de la sociedad civil responsabilizaron a este grupo de élite de la policía por la desaparición de dos personas en el municipio de Mier.
(milenio.com)
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