La defensa de los cuatro militares contra los que se dictó auto de formal prisión por presuntamente estar relacionados con el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, aseguró que sus representados no están involucrados en tales hechos e incluso afirmó que serán exonerados.
Se trata del general José Rodríguez y del capitán José Martínez, así como del subteniente Fabián Alejandro Pirita y el sargento Eduardo Mota.
En entrevista con Carlos Zúñiga, para MILENIO Televisión, el abogado Alejandro Robledo refirió que el caso fue judicializado con la entonces verdad histórica, pero “la verdad es que el Ejército no participa” y su clientes tampoco, por lo que “eventualmente van a ser exonerados”.
Ante algunas pruebas, como supuestos mensajes de WhatsApp relacionados con el caso, afirmó que fueron fabricadas, pero se trabaja en averiguar quién está detrás de las mismas.
“Los militares en ningún momento participaron. Inclusive el entonces coronel, hoy general, le habla al secretario de Seguridad Pública Municipal y le dice ‘oye, me están dando algunos reportes que no sé si son ciertos o no, de que está pasando algo, de que hay personas heridas, ¿necesitas algo? ¿te apoyo?, ¿qué está pasando?’ y el propio secretario de Seguridad Pública Municipal le dice ‘no está pasando nada, muchas gracias coronel, pero no necesitamos apoyo de nada’; la verdad es que no querían que el Ejército llegara para que no se diera cuenta, porque el Ejército jamás hubiera permitido una barbaridad”, contó el abogado.
El litigante recordó que el proceso contra los militares se sustenta en las declaraciones del testigo protegido “Juan”, que es Gildardo López Astudillo, El Gil, presunto jefe de sicarios de Guerreros Unidos, quien refirió que los soldados colaboraban con el grupo criminal.
“La verdad desconozco el motivo, lo que sí sé es que se han utilizado de manera ilegal estas pruebas fabricadas para inculpar a mis defendidos (…) los cuatro son inocentes, están en prisión y los cuatro se están jugando la vida porque alguien decidió fabricar y utilizar esos mensajes, fabricar pruebas y darle valor probatorio a la declaración de un testigo colaborador único, quien no es otra cosa mas que un asesino; él sí participa en la desaparición de los 43, él sí es un asesino, él sí participa y él es ahora, quien con su declaración única y de oídas, tiene sujetos a proceso penal a cuatro militares “, expresó.
El 18 de agosto pasado el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, afirmó que los mandos del Ejército no hicieron nada para proteger y buscar a Julio César López Patolzin, quien era militar activo y uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
Encinas Rodríguez confirmó que Julio Cesar López Patolzin era un infiltrado del 27 Batallón, que informaba de todos los movimientos de los normalistas a sus superiores, y que su último reporte fue a las 09:00 de la mañana del 26 de septiembre de 2014.
Abogados exigen a Encinas no politizar indagatorias
El 27 de septiembre, la defensa de los militares exigió a Alejandro Encinas Rodríguez, que deje de politizar las investigaciones, para que los padres de las víctimas y todo el país puedan conocer la verdad
Los abogados Alejandro Robledo Carretero y César Omar González Hernández, quienes representan a los mandos, dijeron que es necesario tener acceso a la justicia sin sesgos, ni manipulaciones.
Dejaron claro que los cuatro militares no están sujetos a proceso por las imputaciones que se hace en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), presentado por el subsecretario Alejandro Encinas, “como maliciosamente se ha hecho creer a los familiares de los estudiantes desaparecidos y a toda la opinión pública”.
Explicaron que el proceso que se le instruye al general Rodríguez Pérez es por delincuencia organizada, y al resto de los militares por delincuencia organizada y desaparición forzada, lo cual se sustenta en declaraciones de un sólo testigo protegido de nombre “Juan”, quien colaboraba con el grupo criminal Guerreros Unidos y por su presencia el día 26 de septiembre de 2014 en la clínica “Cristina”, donde se habían refugiado algunos estudiantes que no son los 43 normalistas que fueron desaparecidos.
Añadieron que el auto de formal prisión dictado en su contra se desprende, de dichos no corroborados del citado testigo. “No tiene ninguna evidencia que los citados militares tuvieran relación con ningún grupo criminal, ni que se hayan tenido contacto alguno con los 43 desaparecidos y, por ende, participado en forma alguna en dicha desaparición.
Con información de Rubén Mosso
(milenio.com)
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