
El Congreso del estado de Morelos aprobó la destitución de Uriel Carmona Gándara como fiscal general del estado, tras una votación mayoritaria a favor de su remoción.
La decisión se dio en respuesta a una solicitud formal presentada por el Poder Ejecutivo estatal, encabezado por la gobernadora Margarita González Saravia, quien a través de su jefe de oficina exigió la separación de Carmona Gándara del cargo.
Luego de que el oficio de solicitud fuera enviado al Congreso local, Rafael Reyes Reyes, coordinador de los diputados de Morena y presidente de la Junta Política, convocó a una reunión de emergencia para discutir la situación del fiscal.
La petición no era la primera de su tipo, ya que anteriormente el Ejecutivo había enviado otro documento dirigido a la presidenta del Legislativo, Jazmín Solano, reiterando la exigencia de su destitución.
Uno de los principales señalamientos en su contra provino de la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien calificó a Carmona Gándara como un obstáculo para la pacificación de Morelos.
Durante su gestión como jefa de gobierno de la Ciudad de México, lo acusó de encubrir a los asesinos de Ariadna Fernanda ‘N’ y de manipular pruebas para evitar que el caso fuera tratado como feminicidio.
Congreso aprueba la destitución de Carmona Gándara
¿De qué se le acusa a Carmona Gándara?
El ahora ex fiscal enfrentó tres procesos penales derivados del caso de Ariadna Fernanda, lo que lo llevó a ser detenido y permanecer en prisión preventiva.
También se le imputó su presunta participación en la tortura de un individuo conocido como El Diablo. Durante su reclusión, pasó casi dos meses en prisión, incluyendo un periodo en el penal de máxima seguridad de El Altiplano.
A lo largo de su gestión, Carmona Gándara también fue señalado por presuntamente proteger al ex gobernador Graco Ramírez y por sostener una confrontación con el ex mandatario Cuauhtémoc Blanco, impulsando investigaciones contra funcionarios cercanos a este último e incluso contra periodistas, a quienes se le acusa de haber perseguido judicialmente mediante la fabricación de delitos.
Entre los señalamientos que han pesado sobre su administración se incluyen acusaciones de desvío de recursos y la creación de una red de influencia con nexos políticos y criminales.
Sin embargo, pese a las denuncias y su estancia en prisión, fracciones parlamentarias del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza en el Congreso de Morelos se habían opuesto previamente a su destitución, lo que permitió que regresara a su cargo.
La gobernadora Margarita González Saravia insistió en meses anteriores en la necesidad de su remoción, argumentando no solo su prolongada permanencia de siete años en el cargo, sino también su inacción en casos de alto perfil.
(milenio.com)