La Legislatura mexiquense aprobó la primera Ley de Protección Integral a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos del Estado de México que incluye medidas preventivas para poner a salvo a quien esté en riesgo con guardias personales, chaleco antibalas, el uso de autos blindados, entre otras medidas.
Luego de 21 versiones de esta ley que el trienio pasado no logró acuerdos, el pleno del Congreso mexiquense voto avaló por unanimidad los acuerdos entre las fracciones parlamentarias para que la actividad periodística sea considerada como de interés público y por ello deba ser tutelada y protegida por las autoridades.
Considera la creación del Mecanismo de Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos en la entidad, con derecho a medidas de prevención y protección urgentes, para garantizar la vida, integridad, seguridad y libertad de quienes se encuentren en riesgo.
Las medidas de protección incluyen: establecer y garantizar comunicación directa e inmediata con los mandos policiacos, proporcionarles un número telefónico enlazado a los centros de atención de emergencia, asesoría legal, seguridad cibernética, asignación de persona de seguridad, entrega de equipo de comunicación y rastreo, cámara y equipo de vigilancia en domicilio y centro de trabajo, prendas de protección balística, asignación de vehículos blindados y lo que se considere pertinente.
La ley reconoce como derechos de quienes se dedican al periodismo el secreto profesional, la cláusula de conciencia, el libre acceso a la información de interés y actos públicos, la capacitación profesional y la reparación integral del daño, además de que no serán requeridos por las autoridades judiciales o administrativas por investigaciones periodísticas.
Con esto se salvaguarda la libertad ideológica del periodista y tendrá derecho a pedir la rescisión del contrato cuando la empresa cambie sustancialmente la orientación informativa de su material y cuando lo comparta con otro medio del grupo que implique una ruptura de patente. Además, podrán negarse motivadamente a hacer trabajo contrario a sus principios deontológicos.
“Queda prohibida la implementación de medidas restrictivas y, o obstructivas a la naturaleza de su labor, como la instalación de cercos con vallas, con el objeto de limitar y, obstaculizar el alcance hacia los servidores públicos para obtener entrevistas; las únicas restricciones son el aforo, seguridad y salubridad; su acceso a eventos oficiales deberá estar garantizado; no se les podrá negar la entrada a espacios públicos no tomar imagen, salvo por razones de seguridad, defensa,, conservación o preservación.
La propuesta fue impulsada por la diputada de Morena, Azucena Cisneros Coss, quien se reunió con varios grupos de periodistas y sumó la propuesta del PAN y PRD en torno al mismo tema, así como las observaciones que se hicieron durante al trabajo original, que tuvo 21 versiones hasta llegar al decreto.
Se enfatiza que las personas defensoras de derechos humanos deberán ser protegidas para que no se vulneren sus derechos y tendrán derecho a la reparación integral del daño. Tienen derecho a reunirse o manifestarse pacíficamente, denunciar violaciones, ser protegidas, entre otras.
Se contempla un fondo para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos que serán usados exclusivamente para implementar y operar las medidas preventivas de protección, el cual será conformado por recursos estatales, federales y donaciones de personas físicas o jurídicas colectivas. Se tipifica el delito contra la libertad de expresión y se crea la Fiscalía Especializada para atender estos ilícitos.
(milenio.com)
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