Puebla.- Los legisladores del Congreso local aprobaron el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política mexicana para crear el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
En sesión extraordinaria por mayoría se dio el visto bueno al SNA el cual estará integrado por un Comité Coordinador que aglutina a la Auditoría Superior de la Federación, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al Instituto Nacional de Transparencia.
Asimismo forma parte el Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Consejo de la Judicatura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con la Corrupción.
Al respecto Patricia Leal Islas, presidenta de la Mesa Directiva, explicó que el objetivo es crear una instancia de coordinación con todos los órdenes de gobierno en materia de responsabilidades, hechos de corrupción y control de recursos públicos.
La diputada local señaló que también se formará un Comité de Participación que, además de estar integrado por cinco ciudadanos destacados, se coordinará con Sistemas Locales para determinar el intercambio de información y emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades.
Patricia Leal mencionó que entre los puntos importantes del SNA se encuentra la eliminación del término de la anualidad y de posteridad, esto significa que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) podrá auditar durante el ejercicio fiscal en turno, sobre ejercicios anteriores y en tiempo real.
Otro punto es la fiscalización de las participaciones federales de manera directa o en coordinación con las autoridades locales.
Además la fiscalización de recursos locales cuando provengan de deuda y la investigación de irregularidades detectadas, así como fincar responsabilidades por conductas graves y denunciarlos ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción.
Leal Islas señaló que con estas disposiciones, la Cámara de Diputados será la encargada de nombrar a los titulares de los órganos de control.
La legislación permitirá fincar responsabilidades administrativas también a los particulares; el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias, así como denuncias ante la Fiscalía, además los servidores públicos tendrán la obligación de presentar su Declaración Patrimonial y de Intereses.
Resaltó que se incorpora el enriquecimiento ilícito como supuesto para la extinción de dominio y las sanciones administrativas se amplían de tres a siete años, en tanto, que el nombramiento del titular de la Función Pública será ratificado por el Senado de la República.
Añadió que por lo que corresponde a la LIX Legislatura, realizará las reformas Constitucionales y adecuaciones normativas para la creación del Tribunal de Justicia Administrativa y del Sistema Local Anticorrupción.
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