Colima.- El Congreso de Colima aprobó, por mayoría, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado, que reconoce a los menores de edad como sujetos de derechos y no como objetos de protección.
La nueva legislación estatal, que deroga a la que estaba vigente desde el 19 de junio de 2004, y que solamente regulaba los derechos y obligaciones de este sector, se homologa con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, vigente desde el 4 de diciembre de 2014.
El dictamen a favor de la nueva ley, presentado por las comisiones de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, y la Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, determina una estructura orgánica, así como la creación de un programa estatal ajustado a la política nacional, y un sistema estatal de protección integral.
Para la creación de esta legislación, el congreso colimense convocó a un foro de análisis sobre las implicaciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en la legislación estatal.
En dicho foro participaron representantes de UNICEF-México, legisladores federales, autoridades estatales, el DIF estatal y municipales, el Poder Judicial del Estado, la Fundación Ius Género, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Universidad de Colima, Univer, Universidad Vizcaya de las Américas y Univa.
La norma aprobada considera los principios rectores en materia de niñas, niños y adolescentes, los derechos que la regulan, como derechos mínimos a favor de ese grupo poblacional.
La ley establece también la creación de los Centros de Asistencia Social, a cargo del gobierno del estado y los municipios, a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes privados de cuidado parental o familiar.
También se crea un sistema estatal de protección integral, conformado por dependencias de la administración estatal y de los municipios.
El documento refiere que en cada municipio existirán sistemas de protección con una estructura similar al estatal, teniendo cada municipio la libertad de integrarlo y dotarlo de facultades, de conformidad con los principios rectores de la ley recién aprobada.
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