Juan Manuel Hernández Gayosso y María Luisa Montalvo Sierra, quienes fueron vinculados a proceso junto al expresidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Gerardo Sosa Castelán, promovieron un amparo con el cual buscan recuperar su libertad.
El pasado 23 de diciembre, el abogado Adolfo Estrada Díaz pidió en audiencia al juez del caso sobreseer el asunto porque la Fiscalía General de la República (FGR) no presentó la acusación formal contra sus clientes en el plazo que marca la ley.
Sin embargo, Gregorio Salazar Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el estado de México, determinó que los coacusados no habían solicitado el cierre de instrucción.
Fuentes judiciales revelaron a MILENIO que en la audiencia la defensa de Gayosso y Montalvo le comunicó al juez que habían solicitado el cierre de instrucción el 1 de diciembre de 2020, e incluso cuestionaron al juzgador que si se le había traspapelado el documento eso escapaba de sus manos.
Ahora, Juan Manuel y María Luisa promovieron un amparo que fue admitido a trámite por Breyman Labastida Martínez, juez Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el estado de México, con el cual buscan obtener su libertad tras ser vinculados a proceso en septiembre pasado por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58 millones 200 mil pesos.
El juez Labastida Martínez solicitó al juez de control que rinda su informe justificado dentro del plazo de 15 días, entre ellos, el audio y video de la audiencia celebrada el 23 de diciembre.
MILENIO tuvo acceso al acuse del escrito que emitió el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el cual notifica que recibió el documento de los coacusados el 1 de diciembre de 2020, donde se menciona que la FGR no presentó la acusación formal tras concluir el plazo de tres meses que tenía para su investigación complementaria, motivo por el cual solicitaban el sobreseimiento de la causa penal.
Es de mencionar que, en otra audiencia, también celebrada el 23 de diciembre, el juez de control acordó dar tres meses más a la FGR para terminar su investigación complementaria, oponiéndose a esto la defensa de los coacusados, mientras que la defensa de Sosa Castelán convalidó la petición.
La FGR informó que han recabado información para sustentar su caso, pero hay datos que aún están pendientes, como la información requerida al Registro Público del Estado de Guerrero para saber a nombre de quién se registró un domicilio en Acapulco, el cual fue registrado por Eficiencia en Negocios y Asociados.
Además, se pretende recabar la entrevista de Gabriela Mejía Valencia, quien se desempeña como trabajadora en el área de recursos financieros de la UAEH, para que informe acerca de la facultad que ella tiene con relación a las cuentas de la citada universidad y que explique las facultades que Gerardo Sosa tenía en cuanto al manejo de los recursos universitarios.
La FGR imputó a Sosa Castelán y demás involucrados haber utilizado una empresa fachada para esconder recursos de la mencionada casa de estudios.
De acuerdo con la causa penal 263/2020, de 2011 a 2018, a través de las empresas Contabilidad del Siglo XXI, Pachuca Sociedad Civil, se triangularon 58 millones 200 mil pesos.
Los recursos fueron a parar a la empresa Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Yolo S.A de C.V; Contabilidad Automatizada Hidalgo SC y la compañía Eficiencia en Negocios y Asociados SC.
(milenio.com)
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