Ciudad del Vaticano.- Una comisión independiente de alto nivel, formada por el Papa para impulsar estrategias contra el abuso sexual a menores, busca garantizar la rendición de cuentas de obispos y personas con autoridad en la Iglesia ante estos casos.
Ese organismo, establecido en marzo de 2014, acaba de concluir su primera asamblea plenaria. Se trata de un grupo compuesto por eclesiásticos, especialistas de diversas nacionalidades y dos víctimas de abusos.
De la reunión surgieron varias propuestas que serán sometidas a consideración del pontífice y que están vinculadas con la atención pastoral a las víctimas y sus familias, educación, directrices de buenas prácticas, la formación al sacerdocio y a la vida religiosa.
Pero, sobre todo, el grupo de trabajo puso énfasis en la necesidad de garantizar que asuman su responsabilidad las personas que ocupan puestos claves dentro de la Iglesia a la hora de enfrentar las acusaciones de abuso.
Esto tocaría especialmente a los obispos, la máxima autoridad eclesiástica en cada una de las diócesis, los cuales deberían atender inmediatamente y sin retraso las acusaciones que reciban. En el pasado la negligencia de muchos prelados ha agravado e incluso multiplicado los ataques contra menores.
El arzobispo de Boston (Estados Unidos), Sean O’Malley, a quien el Papa le encargó ocuparse del tema como presidente de la mencionada Pontificia Comisión, aceptó que es necesario cambiar sensiblemente de actitud para recuperar la confianza pública.
En una conferencia, el también cardenal reconoció que la credibilidad de la Iglesia católica ha sido “gravemente dañada” por la negligencia de algunos obispos y advirtió que ha llegado el tiempo de comprometerse con la transparencia y la tolerancia cero.
“Esto se debe en buena parte a la percepción de una falta de rendición de cuentas por parte de nuestros líderes, eso ha provocado que muchas personas pierdan la confianza en nosotros y en la Iglesia. Debemos hacer todo lo posible por rescatar nuestra credibilidad”, aceptó.
O’Malley tomó la palabra en el lanzamiento del Centro para la Protección de los Niños de la Universidad Gregoriana, cuyo objetivo es capacitar a líderes católicos, catequistas, sacerdotes y obispos de todo el mundo en las acciones a llevar a cabo para asegurar ambientes seguros y prevenir abusos.
El centro fue “bendecido” por el Papa Francisco quien mandó un mensaje de apoyo y además es dirigido por Hans Zollner, un sacerdote jesuita que –además- es miembro de la misma Comisión para la Tutela de los Menores.
Entre otras cosas esa comisión se puso como meta “elevar el grado de sensibilización y comprensión en todos los niveles de la Iglesia con respecto a la gravedad y urgencia en la aplicación de los procedimientos correctos de salvaguardia”.
Esto se logrará dando seminarios a los responsables eclesiásticos y a los nuevos obispos que viajen a Roma, para hacerles saber las medidas que deben poner en práctica para evitar los abusos y saber cómo atenderlos en caso que se presenten.
El organismo está preparando materiales para una Jornada Mundial de Oración por todos aquellos que han sido víctimas de abuso sexual, cuyo objetivo será contribuir a la creación de una mayor conciencia sobre esta “lacra” en la comunidad católica.
Asimismo propuso que cada conferencia episcopal del mundo, es decir las asociaciones que aglutinan a los obispos en los diversos países, designen a un responsable de mantener contactos fluidos con la Comisión para la Tutela de los Menores.
En declaraciones el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo Blázquez, sostuvo que las iniciativas emprendidas son importantes, ya que es necesario “que los padres tengan la seguridad de que sus hijos van a ser bien tratados en la Iglesia”.
Advirtió que la transparencia es fundamental para afrontar un clima de desconfianza que “se difundiendo en el ambiente”, como “una especie de aire contaminado” y que termina dañando mucho.
“Lo primero que hay que hacer es pedir perdón porque se ha abusado de estos muchachos. Evidentemente no basta con pedir perdón, hay que poner medios. Debe prevalecer la disponibilidad a colaborar con la justicia de manera decidida”, constató.
“La persona que ha caído en esas situaciones debe ser retirada del servicio pastoral, aunque sea de manera cautelar. Hasta que se aclaren las cosas”, apuntó.
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