Después de que la Eurocámara diese su aprobación este miércoles, los 27 Estados de la Unión Europea avalaron hoy las normas que regirán cómo acceder y utilizar estas ayudas, de las que 312,500 millones se desembolsarán en forma de subvenciones a fondo perdido y 360,000 millones en préstamos hasta 2026.
La regulación será firmada este viernes y publicada en el boletín oficial de la UE el 18 de febrero. Un día después entrará en vigor, con lo que se abrirá el plazo para que los Estados puedan presentar oficialmente a la Comisión Europea sus planes para recibir los fondos, en cuyos borradores ya están trabajando.
A España le corresponden 69,528 millones del total en transferencias a fondo perdido y además podría solicitar casi 85,000 millones de euros en créditos. El Gobierno debate con la Comisión Europea desde hace semanas sobre el borrador de su plan con la intención de remitirlo oficialmente cuanto antes.
“Con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en marcha, es el momento de centrar los esfuerzos en la preparación y envío de planes nacionales de recuperación ambiciosos”, dijo en un comunicado el ministro de Finanzas portugués, Joao Leao, cuyo país preside este semestre el Consejo de la UE.
Los fondos, subrayó, ofrecen “una posibilidad sin precedentes de apoyar la recuperación de la crisis del COVID-19 y acometer las transiciones ecológica y digital de modo inclusivo”.
Según la regulación aprobada hoy, los Estados tendrán que presentar planes de reformas e inversiones detallando los objetivos y metas que prevén conseguir con ellas y el calendario para hacerlo.
Podrán financiarse medidas en seis áreas: transición ecológica; transformación digital; crecimiento sostenible; mercado único y pymes; cohesión social y territorial; salud y resiliencia de las instituciones; y políticas de infancia y juventud.
La transición ecológica y digital, dos urgentes tareas en la UE
El foco se pone en la transición ecológica y digital, a las que cada país deberá destinar el 37 % y 20 % de los fondos, respectivamente. Los planes deberán asimismo abordar “todas o un conjunto significativo” de las recomendaciones económicas que la Comisión Europea hace anualmente a los países, en concreto las de 2019 y 2020, incluyendo las relativas al control del déficit y la deuda.
Si bien estas últimas solo empezarán a vigilarse una vez se reactiven las normas europeas de disciplina fiscal que quedaron suspendidas de facto por la pandemia. Los planes, que podrán ser enviados a la Comisión Europea hasta el 30 de abril, deberán ser aprobados por ésta y por una mayoría cualificada de Estados miembros.
Nada más recibir luz verde a su plan, los países podrán recibir un adelanto del 13 % de su financiación (unos 9,000 millones en el caso de España) y, en adelante, los desembolsos dependerán de que se vayan implementando las medidas según el calendario pactado y se efectuarán dos veces al año.
Sin embargo, los fondos europeos solo empezarán a llegar a las arcas nacionales una vez que los parlamentos nacionales hayan ratificado la legislación que permitirá a la Comisión emitir deuda para financiarlo, con lo que Bruselas espera los primeros pagos a inicios de verano.
(dw.com)
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