Dallas.- Un juez estadunidense podría decidir en los próximos tres días si emite o no una orden que bloquee en forma temporal las acciones del presidente Barack Obama sobre inmigración, como se lo ha solicitado una coalición de 26 estados del país.
El juez Andrew S. Hanen, de la Corte Federal para el Distrito Sur de Texas, podría tomar una decisión antes del próximo miércoles, el día en que el gobierno de Estados Unidos comenzará a recibir las solicitudes de quienes pretendan ser beneficiados bajo la forma ampliada del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), una de las acciones comprendidas en la orden de Obama.
Una coalición de 26 entidades, encabezada por Texas, interpuso el pasado 3 de diciembre una demanda contra la acción ejecutiva de Obama, que protege temporalmente de la deportación a más de cuatro millones de indocumentados y los autoriza a obtener permisos de trabajo por tres años y otras iniciativas.
La demanda pide que se emita una “orden judicial preliminar”, que bloquee temporalmente los programas derivados de la acción ejecutiva del presidente, en tanto la querella es considerada por la Corte.
“El juez no está obligado a tomar una decisión antes de este miércoles, pero se espera que lo haga”, explicó Wendy Feliz, representante del American Immigration Council, una organización con sede en la capital Washington dedicada a analizar la inmigración y a educar sobre la misma.
Feliz dijo que el juez tiene múltiples opciones, incluyendo el rechazar el otorgamiento de la suspensión solicitada por las entidades demandantes, el concederles la suspensión o incluso decidir no tomar acción alguna y dejar que el próximo miércoles comience la recepción de solicitudes para la forma ampliada del DACA.
Explicó que el juez Hanen también podría otorgar una suspensión parcial, que solo aplicaría a las 26 entidades que participan en la demanda que reta la constitucionalidad de la acción ejecutiva del presidente en materia de inmigración, de forma que en dichos estados no se pudieran iniciar los tramites del DACA este miércoles.
“Es difícil tratar de determinar la opción que tomará el juez”, dijo Feliz.
Sin embargo, indicó, independientemente de cuál sea la decisión del magistrado federal, es seguro que la parte que resulte perjudicada por la misma apelará de inmediato.
El gobierno federal y organizaciones pro inmigrantes apelarían en caso de que se emita una suspensión temporal de la acción ejecutiva y la coalición de 26 entidades haría lo mismo en caso de que el juez niegue la suspensión y decida que den comienzo los tramites de uno de los primeros programas derivados de la decisión del presidente.
La acción ejecutiva sobre inmigración fue anunciada por Obama el pasado 20 de noviembre, a fin de extender el amparo contra la deportación a casi la mitad de los 11.2 millones de indocumentados que se cree residen en Estados Unidos.
La medida otorgará a los indocumentados que califiquen un alivio contra la deportación hasta por tres años y permisos de trabajo, pero no serán elegibles para otros beneficios gubernamentales, incluyendo subsidios bajo La ley de Salud Accesible.
La acción de Obama beneficia principalmente a los indocumentados que tienen hijos nacidos en Estados Unidos o que son residentes legales permanentes de este país y que llegaron al país desde hace cuando menos cinco años.
La orden ejecutiva también amplia la “admisibilidad” del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) que beneficia a los jóvenes que llegaron a Estados Unidos siendo niños.
Desde antes de que el Obama anunciara la orden ejecutiva de inmigración, políticos republicanos habían prometido que desafiarían en las cortes la decisión del jefe de Estado.
El entonces procurador y actual gobernador de Texas, Greg Abbott, encabezó la oposición y organizó una coalición para interponer una demanda colectiva en contra de la acción ejecutiva.
Las entidades demandantes argumentan en la querella que Obama no siguió la Ley de Procedimiento Administrativo en la emisión de su directiva migratoria.
Sostienen que la acción ejecutiva de Obama, en la propia admisión del presidente, “cambia la ley y establece una nueva política, excede su autoridad constitucional y perturba el delicado equilibrio de poderes”.
“La extralimitación constitucional por el presidente Obama es clara y muy preocupante”, señala el recurso.
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