Río de Janeiro.- La presidenta brasileña Dilma Rousseff reiteró hoy su oposición a la iniciativa parlamentaria en curso que podría reducir de 18 a 16 años la mayoría penal, cuestión actualmente en el centro del debate en el país, por los altos índices de criminalidad.
Rousseff dijo este miércoles en un acto público en la sede de la presidencia brasileña que Brasil debería “profundizar” el debate sobre esta cuestión, y abogó por tener en cuenta iniciativas similares en otros países que “se mostraron poco eficientes” para reducir los índices de criminalidad, en referencia a Estados Unidos.
“Preferimos trabajar alterando la legislación y atribuyendo penas (judiciales) a los adultos, en lugar de vincular a niños en actos de esos grupos criminales”, dijo Rousseff quien se mostró públicamente en contra del actual debate en el Congreso para cambiar la Constitución e imponer a los mayores de 16 años las mismas penas que a los adultos.
Una comisión presentó este día ante el Congreso brasileño un documento que aborda la constitucionalidad de la reducción de la mayoría penal hasta los 16 años en tipologías criminales como el homicidio o la lesión corporal grave.
Políticos, expertos, sociedad civil y la prensa brasileña se muestran divididos ante la iniciativa parlamentaria, mientras algunas encuestas señalan que más del 80 por ciento de la población se declara a favor de la polémica enmienda con el objetivo de disminuir la violencia.
De ser aprobada por la comisión, la propuesta será enviada a las dos cámaras –Congreso y Senado-, donde debe recibir al menos el 60 por ciento de votos favorables de los parlamentarios para ser aprobada de forma definitiva sin que sea necesario el visto bueno de Rousseff.
La iniciativa nace de la llamada “bancada de la bala”, un grupo de congresistas conservadores que aboga por endurecer el código penal como medida contra la criminalidad, así como restablecer el libre porte de armas de civiles, por el momento prohibido en Brasil.
Alegan que la ley contribuirá a la lucha judicial contra grupos de narcotraficantes y criminales, que utilizan hoy a menores de edad para cometer sus actividades delictivas con impunidad.
Sin embargo, los críticos arguyen que la criminalización de los jóvenes no contribuirá a rebajar los elevados índices de delincuencia en el país y sólo saturará aún más las cárceles del país sudamericano.
“Brasil estuvo hasta ahora al frente del movimiento internacional en el sentido de garantizar protecciones legales cada vez más amplias para niños y adolescentes, pero esta medida colocaría en riesgo los derechos de niños y adolescentes y, en última instancia, la seguridad de los propios ciudadanos brasileños”, señaló María Laura Canineu, directora de la organización Human Rights Watch en Brasil.
Las cárceles brasileñas son consideradas como una de las peores de América Latina, y algunos grupos de defensa de los derechos humanos reclaman que se necesitan al menos 200 mil plazas suplementarias para dar cabida al total de la población carcelaria, que supera el medio millón.
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