Río de Janeiro.- El gobierno de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, prometió hoy en “días” acciones contra la corrupción en medio de una enorme protesta social que congregó a casi dos millones de brasileños en 74 ciudades del país.
Cifras policiales dijeron que 1.8 millones de personas salieron a las calles de todo el país, en un total de 19 estados, en la mayor manifestación contra el gobierno de Rousseff desde las protestas de junio de 2013.
Sao Paulo, un firme bastión opositor a la presidenta Rousseff y del Partido de los Trabajadores (PT), que hace sólo cinco meses garantizó la reelección presidencial, fue la urbe brasileña más activa con un millón de personas que rechazó la gestión de Rousseff.
En un clima cívico, los manifestantes tomaron la Avenida Paulista –sede del poder financiero- y lanzaron sus proclamas contra Rousseff y su Ejecutivo, a quien culpan del mal curso de la economía del país y de los escándalos de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.
En Río de Janeiro, la policía indicó que fueron unas 25 mil las personas reunidas en la Avenida Atlántica, mientras que en Brasilia –capital y sede del poder político- en total fueron unas 45 mil personas, según los últimos datos publicados al final de este domingo.
Ante la intensa presión de los manifestantes, el gobierno brasileño reaccionó con el anuncio de que adoptará una serie de medidas anticorrupción “en algunos días”.
El ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, dijo en una rueda de prensa en el Palacio del Planalto –sede de la presidencia- que el gobierno tomaría nota de las manifestaciones y abrirá un diálogo.
En algunas ciudades del país, la presencia de los ministros de gobierno en la televisión fue recibida con “caceroladas”, un fenómeno registrado en las últimas semanas.
Pese a vencer en las elecciones de noviembre de 2014, la popularidad de Rousseff se encuentra en niveles mínimos -23 por ciento de aprobación en febrero- debido a la desaceleración económica, los escándalos de corrupción en Petrobras y el aumento inflacionario.
Brasil podría registrar un crecimiento nulo este año y aún sufrir una contracción de su Producto Interior Bruto (PIB), mientras la inflación se acerca al 8 por ciento y la moneda brasileña –el real- cayó un 30 por ciento respecto al dólar en sólo un año.
A su vez, el escándalo por el desvío de dinero de Petrobras ya impactó al sector político.
Hace una semana, la fiscalía general de Brasil pidió al Tribunal Supremo abrir una investigación a 54 políticos –entre ellos el presidente del Congreso y del Senado- sospechosos de estar implicados en la trama.
Asimismo, decenas de empresarios, comisionistas y exdirectores de la petrolera fueron imputados por participar por años en el desvío de dinero, estimado entre 1.0 y 3.0 por ciento de los contratos con Petrobras con empresas suministradoras de servicios y bienes.
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