Río de Janeiro.- La presidenta brasileña Dilma Rousseff presentó hoy un paquete de medidas contra la corrupción como respuesta a las manifestaciones antigubernamentales que el domingo sacaron a las calles de todo el país a dos millones de personas.
En un solemne acto celebrado en el Palacio del Planalto, sede de la presidencia brasileña, Rousseff y el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, anunciaron el conjunto de iniciativas para luchar contra el desvío de dinero y la corrupción que enviarán ahora al Congreso.
Entre ellas, la criminalización de la creación de “cajas B” para los partidos políticos, es decir, las contabilidades paralelas creadas para ocultar fuentes de dinero utilizado en campañas electorales.
De ser aprobado en el Congreso, ello supondría que se puede castigar con entre tres y seis años a los infractores, según lo anunciado hoy.
Asimismo, Rousseff señaló que propondrá al Congreso criminalizar el lavado de dinero en campañas electorales, que implica la ocultación de fuentes ilícitas de dinero para las campañas, y este crimen estaría penado con entre tres y diez años de cárcel.
En el paquete de medidas también se prevé un pedido de urgencia para tramitar un proyecto de ley que castigue el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos, así como la prohibición de ocupar cargos públicos de confianza a quienes tengan antecedentes por corrupción.
“Mi compromiso con el combate a la corrupción es coherente con mi vida personal y con mi actuación política”, dijo la presidenta.
“Tengo la convicción de que se debe investigar y castigar a los corruptos y corruptores para garantizar la protección de los inocentes”, agregó la jefa del Estado, tras firmar el paquete de medidas que deberá ser ahora examinado y aprobado por el Legislativo, algo que no está garantizado, pues el Ejecutivo dispone de una frágil mayoría en la cámara.
De esta forma, Rousseff responde a las masivas manifestaciones por todo el país del pasado domingo, cuando dos millones de personas salieron a las calles de las principales urbes de Brasil para protestar contra la gestión gubernamental y la corrupción en la petrolera estatal Petrobras.
En un clima de débil crecimiento económico y de continuado escándalo mediático por la imputación de decenas de políticos en la trama Petrobras, entre ellos el tesorero del Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff, la aprobación del gobierno cayó a mínimos históricos en más de dos décadas.
Sólo el 13 por ciento de los brasileños considera “bueno” al gobierno de Rousseff, mientras un 86 por ciento considera su gestión “mala” o “regular”, cinco meses apenas de ser reelecta por un estrecho margen, según una encuesta publicada hoy por el Instituto Datafolha.
El sondeo, que se publica tres días después de la mayor manifestación contra el Ejecutivo celebrada en el país desde junio de 2013, también refleja el desencanto y hartazgo de la sociedad brasileña con el Legislativo, después de que los presidentes del Congreso, Eduardo Cunha, y del Senado, Renan Calheiros, estén siendo investigados por su supuesta participación en el escándalo de corrupción de la petrolera Petrobras.
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