Río de Janeiro.- La organización humanitaria Human Rights Watch (HRW) pidió hoy al Parlamento brasileño que rechace la reducción de la edad de mayoría penal de los 18 a los 16 años, al considerar que eso no disminuirá la violencia en Brasil.
“El Congreso nacional debería rechazar la propuesta de enmienda constitucional que prevé permitir que adolescentes de 16 y 17 años sean procesados, juzgados y castigados como adultos”, señaló HRW en una carta enviada a los líderes del legislativo brasileño.
“Si se aprueba, esa enmienda violará las obligaciones del país en materia de derecho internacional y pondrá en riesgo los esfuerzos para reducir la criminalidad”, se agregó en la carta enviada en la víspera de que se presente un informe en el Congreso sobre la viabilidad de la medida.
La iniciativa legislativa tiene dividido al poder político en Brasil, mientras algunas encuestas señalan que más del 80 por ciento de la población se declara a favor de la polémica enmienda con el objetivo de disminuir la violencia.
La presidenta brasileña Dilma Rousseff y varios gobernadores expresaron en las últimas semanas su rechazo a la iniciativa, por considerar que no ayudará a luchar contra la criminalidad.
Sin embargo, el Congreso lanzó una comisión parlamentaria para estudiar el cambio legislativo.
Una comisión especial, integrada por 27 diputados, en su mayoría favorables a la reducción de la mayoría penal, inició los trabajos para debatir la propuesta y está previsto que mañana miércoles emita una opinión sobre su viabilidad constitucional.
De ser aprobada por la comisión, la propuesta será enviada a las dos cámaras –Congreso y Senado-, donde debe recibir al menos el 60 por ciento de votos favorables de los parlamentarios para ser aprobada definitivamente, sin que sea necesario el visto bueno de la presidenta Rousseff.
La iniciativa nace de la llamada “bancada de la bala”, un grupo de congresistas conservadores que aboga por endurecer el código penal como medida contra la criminalidad, así como restablecer el libre porte de armas por parte de civiles, algo por el momento prohibido en Brasil.
Alegan que la ley contribuirá a la lucha judicial contra grupos de narcotraficantes y criminales, que utilizan hoy a menores de edad para cometer sus actividades delictivas con mayor impunidad.
Sin embargo, los críticos alegan que la criminalización de los jóvenes no contribuirá a rebajar los elevados índices de delincuencia en el país y sólo saturará aún más las cárceles del país sudamericano.
“Brasil estuvo hasta ahora al frente del movimiento internacional en el sentido de garantizar protecciones legales cada vez más amplias para niños y adolescentes” y esta medida colocaría en riesgo a este sector de la población e incluso a la seguridad de los brasileños, señaló la directora de HRW en Brasil, María Laura Canineu.
Las cárceles brasileñas son consideradas como una de las peores de América Latina, y algunos grupos de defensa de los derechos humanos reclaman que se necesitan al menos 200 mil plazas suplementarias para dar cabida al total de la población carcelaria, que supera el medio millón.
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