Dallas.- La Suprema Corte de Justicia ordenó hoy a Oklahoma suspender la aplicación de la pena de muerte, en tanto resuelve una petición de reos sentenciados a pena capital, que argumentan que los procedimientos de la inyección letal en la entidad violan la garantía constitucional contra el castigo cruel e inusual.
La suspensión de las ejecuciones fue solicitada el pasado lunes por el procurador general de Oklahoma, Scott Pruitt.
Pruitt solicitó la suspensión luego que la Suprema Corte notificó el pasado viernes que había aceptado analizar el caso interpuesto por varios reos en el que se cuestiona el uso del fármaco midazolam, utilizado en ejecuciones fallidas en Oklahoma y Arizona.
Oklahoma tenía programado ejecutar este jueves al reo Richard Glossip, por el homicidio del propietario de un hotel en 1997.
La gobernadora de Oklahoma, Mary Fallin, habría podido suspender la ejecución de Glossip y de otros reos, pero solo por 60 días, por lo que era necesario que la Suprema Corte ordenara posponerlas en tanto decide el caso contra el uso del midazolam.
Oklahoma utilizó el fármaco en abril en la ejecución de Clayton Derrell Lockett. El reo de 38 años, se convulsionó violentamente, gimió y se retorció después de que se le aplicó la inyección letal en la Prisión Estatal en McAlester, en el sureste de Oklahoma.
Funcionarios carcelarios suspendieron el procedimiento de ejecución luego que transcurrieron varios minutos sin que aparentemente ninguna de las drogas “tuviera el efecto deseado”. Lockett sufrió luego un ataque al corazón y fue declarado muerto poco más de una hora de que inicio el proceso.
La fallida ejecución de Lockett reactivo de nuevo el debate sobre la pena de muerte en Estados Unidos y forzó a suspender las ejecuciones en esa entidad hasta que se investigaran las causas.
La investigación reveló que una obstrucción en la línea intravenosa que no fue detectada y la falta de capacitación de quienes conducían el procedimiento, fue la causa y no los fármacos utilizados en la inyección letal.
Ante ello, Oklahoma reanudó las ejecuciones de reos apenas el pasado 15 de enero, al aplicar la pena de muerte a Charles Frederick Warner de 47 años de edad, por la violación y homicidio de una niña de 11 meses de edad en 1997.
Sin embargo, la decisión el viernes de la Suprema Corte de analizar el caso contra el midazolam, forzó al procurador el solicitar una nueva suspensión.
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