Caracas.- La directora de la organización “Transparencia Venezuela”, Mercedes de Freitas asegura que la existencia de cuentas de funcionarios venezolanos en paraísos fiscales es por la opacidad en el manejo de las cuentas públicas.
El reciente descubrimiento de cuentas bancarias secretas en Suiza y Andorra pertenecientes a funcionarios venezolanos es el resultado de la falta de transparencia en el manejo de las cuentas públicas, precisó la analista de la citada Organización No Gubernamental (ONG).
“Cuando tú no cumples ninguno de los criterios que tienes que seguir para reducir los riesgos de corrupción, para garantizar las sanciones de los que incumplen, pues obviamente estas son las cosas que tienen que pasar”, subrayó De Freitas.
De Freitas se lamentó porque el gobierno venezolano mantiene una política de “opacidad” sobre el manejo de las cuentas públicas que hace imposible su escrutinio público.
“No hay ningún contrato público en línea, publicado y si lo pides te lo niegan, no hay ninguna información sobre el gasto (.) el presupuesto del año pasado se duplicó a punta de créditos adicionales”, afirmó.
Sus declaraciones se producen luego de que en las últimas semanas se conociera que Venezuela era el tercer país con mayor cantidad de dinero depositado en cuentas secretas del banco suizo HSBC con 14.8 millones de millones de dólares.
Entre los involucrados destacan el que fuera jefe de seguridad del fallecido presidente Hugo Chávez y ex tesorero Alejandro Andrade, quien tendría cuentas en la entidad suiza que sumaban 698 millones de dólares.
Lejos de diluirse el escándalo, poco después se conoció que en la Banca Privada de Andorra, intervenida por un caso de blanqueo de capitales, se habría facilitado transferencia de recursos por valor de cuatro mil 200 millones de dólares.
De Freitas indicó que estos casos son ejemplo de que “la lucha contra la corrupción es una emergencia nacional”, por lo que es necesario que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, cumpla con el precepto constitucional de derecho a la información pública.
“En la Constitución tenemos contemplado el derecho a la información pública con lo cual el responsable del 90 por ciento de los fondos públicos es el presidente de la República (…) Así que no haría falta mucha ley sino voluntad política”, afirmó.
En ese sentido, la analista indicó que el mandatario debería “poner toda la información sin temor de que los ciudadanos la vean en todas las páginas web y se publiquen todos los contratos y las declaraciones juradas de patrimonio”.
De Freitas desestimó que la publicación de los salarios o declaraciones juradas de patrimonio pueda poner en peligro la seguridad de los funcionarios públicos, ya que en todo caso correspondería al Estado garantizar la seguridad ciudadana.
“El Estado no puede alegar su propia incompetencia como excusa para seguir ocultando información. Si los funcionarios tienen miedo a la seguridad entonces deberían preocuparse por mejorar la seguridad”, argumentó.
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