La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó una guía para que los países dispongan de una estrategia de lucha contra la delincuencia de cuello blanco y en concreto contra los intermediarios fiscales que ayudan a particulares y empresas a eludir sus obligaciones fiscales.
“Es más eficaz tratar de atacar el problema de los intermediarios que intentar perseguir a los contribuyentes”, destacó a Efe Grace Pérez Navarro, la directora adjunta del Centro de Política y de Administración Fiscales de la OCDE.
El informe de recomendaciones de la OCDE, titulado Acabar con los montajes financieros abusivos: Reprimir a los intermediarios que favorecen los delitos fiscales y la delincuencia de cuello blanco, se nutre de muchos escándalos como los de los papeles de Panamá, que saltaron a la luz en abril de 2016.
Elaborado por expertos tributarios que han tenido que lidiar con autores de ese tipo de escándalos, su objetivo es ayudar a los países a afrontar “el pequeño número de profesionales que ponen sus conocimientos y sus competencias especializadas para que sus clientes defrauden al Estado y se sustraigan de sus obligaciones fiscales”.
Esos intermediarios fiscales suelen tener un papel decisivo para ocultar delitos de cuello blanco, como el fraude fiscal, el pago de comisiones y la corrupción.
“Ayudan a delincuentes a disimular su identidad y sus actividades mediante sociedades ficticias, estructuras jurídicas y transacciones financieras complejas, basándose en sus conocimientos especializados con un barniz de legalidad”, subraya Pérez Navarro.
En cabeza de las recomendaciones de la OCDE está la de dotar a los investigadores fiscales de medios para identificar a los intermediarios fiscales que operan en su territorio y determinar los riesgos derivados de sus actividades.
También la de que tanto los investigadores como los fiscales dispongan de poderes para perseguir y sancionar a los que infrinjan las reglas, con un objetivo de disuasión y de penalización.
Igualmente se propone la designación de un responsable y de un organismo encargado de supervisar la estrategia contra esos delitos de cuello blanco, examinar su eficacia y proponer modificaciones cuando es necesario.
Los autores del informe destacan la importancia de que las autoridades competentes compartan con otros organismos nacionales e internacionales el mayor número de informaciones posibles para hacer frente a los intermediarios que arman operaciones complejas y transfronterizas.
No obstante, este dispositivo no pretende sustituir a otros de cooperación internacional desarrollados en el marco de la OCDE, y en particular el Foro Global sobre la Transparencia Fiscal para afrontar los países o jurisdicciones desde los que, gracias a la convivencia de su normativa o de sus autoridades, actúan muchos de esos intermediarios o son utilizadas para alojar sociedades pantalla.
(milenio.com)
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