Ginebra.- El Comité de Naciones Unidas contra la Tortura (CAT) criticó al gobierno de España por la impunidad que existe hacia los perpetradores de este delito, que en su mayoría pertenecen a las fuerzas del orden.
Los expertos del CAT cuestionaron además a Madrid por las detenciones en régimen de incomunicación y la situación de las cárceles españolas y los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, en el norte de África.
El CAT analizó durante dos días en la sede Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, la implementación por parte de España de la Convención contra la Tortura.
Los 10 expertos que forman el equipo criticaron al gobierno español por no aportar datos ni cifras concretas sobre actos de tortura, investigaciones sobre esos crímenes, personas condenadas e indemnizaciones a víctimas.
Uno de los miembros del CAT, Jens Modvig, recriminó a la delegación española por no contestar su pregunta respecto a qué ocurrió con los 300 casos de presunta tortura denunciados en los últimos cuatro años, cuántos fueron investigados, cuántas personas fueron castigadas y cuántas indemnizadas.
Por su parte, el presidente del CAT, el chileno Claudio Grossman, expresó su preocupación por el uso reiterado del indulto en casos de tortura en el país ibérico.
Grossman recordó el indulto concedido por el gobierno a cinco elementos de Mossos d’Escuadra (policía autonómica de Cataluña), tres de los cuales fueron condenados por tortura perpetrada en contra de Lucian Padurau en el año 2008.
Aseveró que esos indultos son incompatibles con la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y afirmó que “no hay un sólo policía en la cárcel por haber torturado”.
De igual forma, Grossman y el relator del comité encargado de seguir la situación en España, el senegalés Abdoulaye Gaye, cuestionaron al gobierno sobre los mecanismos de reparación o indemnización para las víctimas de tortura y pidieron saber si “hay alguna persona en la cárcel por crimen de tortura en España”.
Otro de los temas que se abordaron en la sesión es el de las detenciones en régimen de incomunicación en contra de presuntos terroristas.
El Comité preguntó sobre las medidas que implementa el Estado español con el fin de revisar y abolir este régimen, ya que las garantías de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad no están aseguradas.
El experto Satyabhoosun Gupt Domah preguntó a la delegación cuáles eran los motivos del régimen de incomunicación y observó que “hay otras alternativas” a esas medidas de detenciones.
Grossman preguntó al gobierno español si se habían aprobado modificaciones en su marco legislativo para prohibir el uso del régimen de incomunicación a menores de edad.
El Comité manifestó su preocupación por la situación en las cárceles en España y en los CETI en los enclaves españoles en el norte de África de Ceuta y Melilla.
El experto italiano Alessio Bruni y Abdoulaye Gaye indicaron que los centros penitenciales y las instalaciones de acogida para migrantes están sobrepobladas.
El 15 octubre 2014, se informó además sobre las palizas en los centros de acogida por parte de agentes de la Guardia Civil, denunció Gaye.
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