El gobierno de México emprendió una inédita misión diplomática a Perú para apuntalar al gobierno izquierdista de Pedro Castillo, bajo asedio de la oposición de ultraderecha que busca destituirlo a menos de medio año de llegar al poder.
Desde el miércoles pasado, una delegación mexicana de alto nivel encabezada por el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O; la subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, y la directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo (Amexcid), Laura Elena Carrillo, arribó a Lima para asesorar a la primera plana del gabinete andino sobre cómo implementar los programas sociales emblema de la administración lopezobradorista en apoyo a la población pobre del país sudamericano.
“Fuimos, siendo muy respetuosos, a apoyar, sobre todo lo que se puede hacer para ayudar a la gente humilde, a la gente pobre, en tiempos difíciles. Tenemos que ayudar a los pueblos hermanos, porque esto no es solo apoyar a un presidente surgido de un movimiento popular, porque es un dirigente que viene de las comunidades pobres”, explicó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera.
Esta no es la primera incursión mexicana a la región andina de América Latina, pero sí marca un hito en la política exterior de la cuarta transformación al intentar compartir su política social a un gobierno identificado con su visión popular que se enfrenta al mismo adversario identificado como el conservadurismo que, según López Obrador es apoyado hasta por el escritor Mario Vargas Llosa, “una cosa irracional”.
El proyecto tiene por meta transferir a otros países “la filosofía en la que descansan los programas sociales mexicanos, de que hay que darle una oportunidad a todos los grupos sociales“, según explicó Carrillo.
Junto con un equipo de alto nivel, la titular de la Agencia presentó la semana pasada a la plana mayor del gabinete del presidente Castillo un panorama de los alcances de los programas sociales del lopezobradorismo. Se le explicó su génesis, cómo se financian, los sectores atendidos y la forma en la que operan las transferencias y subsidios.
Fue una reunión llevada a cabo en el Palacio Presidencial de Perú en la estuvieron el presidente Castillo y sus ministros de Economía, Justicia, Desarrollo Agrario y Producción. La encerrona duró cuatro horas ante las múltiples preguntas de los sudamericanos.
Carrillo detalló que se acordó repetir el diálogo bilateral en no más de dos semanas para trazar una ruta que permita a los peruanos replicar, en el menor tiempo posible y con sus propios matices locales, los proyectos mexicanos. Será la primera vez que los programas sociales de la cuarta transformación sean exportados a un país ajeno a Centroamérica y el Caribe, en donde ya hay proyectos en curso en Guatemala, Honduras, El Salvador y Haití.
En particular, el gobierno de Castillo manifestó su interés por el programa de Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro y Adultos Mayores, que permite transferencias directas a personas de la tercera edad y el cual ha sido piedra angular de la política social de López Obrador.
“Lo importante es que se confirma que México tiene un liderazgo importante en la región y que tenemos todo el ánimo de compartir y defender a nuestra región a nivel internacional”, agregó Carrillo.
La destitución
La versión oficial es que México respondió al llamado de ayuda de Pedro Castillo, porque está enfrentando una campaña mediática alentada por la inflación que está afectando al planeta tras la pandemia.
Pero además, basado también en ataques racistas y clasistas contra Castillo debido a su origen indígena.
La derecha peruana pidió iniciar un proceso de sustitución contra Castillo al acusar “incapacidad moral” del mandatario, mismo que fue rechazado por el Congreso de ese país quedando, apenas a seis votos de los 52 necesarios para admitir el trámite.
La destitución de Castillo fue una propuesta de la diputada derechista Patricia Chirinos basada en una supuesta financiación irregular del partido Perú Libre para llevar al poder al actual presidente, por presunto tráfico de influencia y por la inestabilidad económica que vive el Perú, además de que le reprochan que se hayan retomado las relaciones diplomáticas con Venezuela y Cuba.
Pero lo que realmente impulsó la propuesta en las últimas semanas fue la difusión de grabaciones en las que se ve al presidente ingresar a una vivienda para reunirse con empresarios y políticos, cuando la ley marca que el gobernante en turno debe informar y dejar constancia de todos sus encuentros.
(milenio.com)
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