Santiago.- La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó hoy la prisión preventiva para los empresarios chilenos Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, acusados de corrupción en el llamado Caso Penta.
Los tres integrantes de la sala también confirmaron la prisión, mientras dure la investigación, para el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, y para el exfuncionario del Servicio de Impuestos Internos (SII), Iván Álvarez.
De acuerdo con la primera resolución judicial, los cuatro acusados deberán permanecer en prisión durante todo el plazo de la investigación, fijado en 120 días a partir del pasado 7 de marzo.
El tribunal de alzada cambió la prisión preventiva por arresto domiciliario total y arraigo nacional a los imputados Hugo Bravo (exgerente general del honding Penta) y Marcos Castro (exgerente de contabilidad de Penta).
Estos seis implicados en el llamado Caso Penta habían sido considerados como peligrosos para la seguridad de la sociedad por el titular del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Juan Escobar, que había ordenado hace una semana su prisión preventiva.
La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago estuvo integrada este sábado por los ministros Juan Escobar (presidente) y Alfredo Pfeiffer, además del abogado integrante Mauricio de Cap.
Délano y Lavín, vinculados a la derecha opositora chilena, son los controladores del grupo empresarial Penta y están acusados de simular operaciones tributarias para tener devoluciones de impuestos que no correspondían y por el delito de soborno.
El juez Escobar ordenó hace una semana medidas cautelares para los involucrados en los delitos que fueron imputados por el Ministerio Público en un caso que comenzó a ser investigado en junio pasado.
Según Escobar, Délano, Bravo, Lavín y Castro “realizaron una conducta ilícita al entregar dinero para que se realizaran acciones sancionadas en el Código Tributario. Estos delitos son de corrupción”.
Wagner, ex subsecretario de Minería durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera, está acusado de cohecho y lavado de activos porque aceptó pagos del Grupo Penta mientras era funcionario público.