La jueza Abigail Ocampo Álvarez denunció que la reforma al Poder Judicial que se discute en México es regresiva, porque atenta contra las condiciones de vida, los derechos humanos, económicos, sociales, civiles y laborales de las personas juzgadoras, ya que la única finalidad que tiene es concentrar el control de los tres Poderes de la Unión en una sola persona.
Durante la 57 Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que se lleva de manera paralela en Ginebra, Suiza, la directora nacional de Atención a Juzgados Especializados de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial (Jufed) señaló que las reformas avaladas por una mayoría parlamentaria generará múltiples afectaciones, particularmente, a la independencia judicial.
“La elección popular de jueces, puede incrementar el riesgo de los candidatos a personas juzgadoras, a que busquen complacer a quienes los proponen, a sus patrocinadores de campaña, entre ellos, al crimen organizado o a los propios votantes, lo que implica emitir resoluciones violando la independencia y la imparcialidad”, advirtió.
Asimismo, abundó, la reforma afecta la salud mental, ya que desde 2018, el presidente López Obrador en sus conferencias matutinas ha realizado ataques mediáticos, denostaciones, intimidaciones directas e insinuación de ilicitud de las resoluciones emitidas por los juzgadores, lo cual se traduce en tratos humillantes.
“También se altera el estado de ánimo, genera ansiedad, aflicción e inestabilidad emocional pues estos ataques tienden a un desequilibrio laboral que incide en la toma de decisiones de las resoluciones y a la sana operación del propio poder judicial…”, añadió.
También incide, agregó, en proyectos de vida, porque la reforma propone cesar a más de mil 600 juzgadores federales, por lo que éstos perderían cualquier oportunidad de crecimiento profesional dentro del Poder Judicial, así como su desarrollo como profesionistas, pues la propia reforma no permite el ejercicio de la abogacía hasta pasados dos años, lo cual también viola el derecho humano al trabajo y la dignidad humana
Asimismo, dijo que la reforma repercute en las familias de todos los jueces, primero por los ataques mediáticos que se hacen públicos y segundo, pues al perder su trabajo implica la violación de derechos humanos de los integrantes de su familia tales como, la educación salud, vivienda, patrimonio, recreación, seguridad, entre otros, pues la remuneración que reciben por ese trabajo como defensores de derechos humanos es el principal medio de manutención de ellos y de su familia, “por lo que es lógico que la reforma atenta también con las contra la estabilidad económica familiar”.
“Seguridad social. Se pierden todas las prestaciones de salud que tienen cada uno de los juzgadores al ser cesados, lo que traería como resultado que se impida a ellos y a su familia a seguir como derechohabientes de algún sistema de salud.
“Derecho a la jubilación. Se desconocen los años trabajados por las personas juzgadoras y esta reforma no reconoce el derecho a una jubilación pues solo se propone una indemnización mínima, lo cual genera también un temor por la vejez al no contar con ingresos para una sobrevivencia digna, además. También se afecta a todas las personas jubiladas porque existiría una reducción en la pensión de la cual gozan actualmente”, enfatizó.
Abigail Ocampo, mencionó que la reforma también daña derechos laborales adquiridos, ya que el cese masivo de juzgadores desconoce cualquier derecho adquirido, tales como carrera judicial, salarios, prestaciones, seguridad social, pues desaparecen todos los derechos laborales al tratarse de un despido injustificado.
“En resumen, hoy le digo al mundo esta reforma al poder judicial de México es regresiva sobre las condiciones de vida y sobre los derechos humanos económicos, sociales, civiles y laborales en la vida de las personas juzgadoras y la única finalidad que tiene es concentrar los tres Poderes de la Unión en una sola persona”
Por su parte, Diego Valadés, ex director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, mencionó que existe un amplio consenso por llevar a cabo una reforma al Poder Judicial, pero reconoció que existen carencias y rezagos.
Por ejemplo, el número de jueces que existen en los juzgados en el país es de 5 por cada 100 mil habitantes, mientras que la media europea es de 19 jueces, y en Costa Rica son 25, es decir, cinco veces más que en México.
(milenio.com)
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