Una migrante indígena guatemalteca que fue torturada y encarcelada injustamente en México por siete años, acusada de secuestro, regresó este domingo al país tras su liberación por la que abogó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Yo soy migrante, yo no soy secuestradora”, dijo Juana Alonzo, de 35 años, al salir del aeropuerto de la capital donde fue recibida por familiares y amigos que viajaron más de diez horas por carretera desde el poblado maya-chuj de San Mateo Ixtatán, noroeste de Guatemala y cerca de la frontera con México.
“Yo injustamente estuve ocho años en la cárcel, pero gracias a Dios estoy viva”, agregó Juanita, como se le conoce cariñosamente, y que estuvo desde 2014 encarcelada en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
La orden para la liberación de Alonzo fue firmada el sábado por Irving Barrios, fiscal general de Justicia de Tamaulipas, lo cual ocurrió después de que López Obrador abogó por la migrante guatemalteca.
“Están todas las pruebas de que fue torturada y de que lleva años presa. Incluso las autoridades de Tamaulipas ya aceptaron liberarla. Ojalá que lo hagan (…) porque aceptaron que era una injusticia”, dijo el jueves López Obrador .
Al momento de la liberación de Juana Alonzo, estuvieron presentes el cónsul general de Guatemala, Mario René González Bolaños; el director general de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos, Craig López Olguín; la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas, Olivia Lemus Martínez; y Carlos Alberto Pérez Téllez, director de Control de Procesos en Tamaulipas.
Más temprano, Juanita Alonso, acompañada del cónsul de Guatemala, salieron la mañana de este domingo del aeropuerto de Reynosa, Tamaulipas, con destino a la Ciudad de México para de ahí retornar a su país de origen.
Alonzo migró en 2014 a Estados Unidos con intención de llegar a trabajar. Según un reporte de la ONU en México, ese año un coyote, como se les conoce a los traficantes de migrantes, la capturó en Reynosa con otra mujer y fue llevada a una casa donde fueron obligadas a trabajar.
Dos migrantes que estaban en la casa lograron contactar a las autoridades y Alonzo fue acusada de secuestro, aunque sin entender el señalamiento, pues en ese momento solo hablaba su idioma maya.
“Fue posteriormente detenida por la policía y reubicada a una estación de la policía local en Reynosa. Durante su interrogatorio, (…) nuevamente enfrentó la barrera del lenguaje y no pudo contestar a las preguntas que le fueron planteadas”, indicó el reporte.
“Ella adujo que, en venganza, los oficiales la golpearon y la amenazaron apuntándole con armas de fuego. Eventualmente cedió y firmó una declaración auto-incriminatoria”, agregó el texto de la ONU.
El canciller guatemalteco, Mario Búcaro, quien acompañó el retorno de Alonzo, señaló que darán seguimiento al caso por el que se abrió una investigación.
Fiscalía ordena investigación a servidores
La fiscalía de Tamaulipas informó que instruyó a la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos continuar con la investigación por las posibles conductas que pudieran constituir irregularidades y deslindar responsabilidades de los servidores públicos que en el pasado intervinieron en el caso.
El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, se sumó al llamado que realizó López Obrador para que se analizara el caso de Alonzo y en consecuencia quedara en libertad.
“Me sumo al llamado hecho por el presidente @lopezobrador_ sobre el caso de la señora Juana Alonzo Santizo. Pido respetuosamente a @FGJ_Tam a que haga una revisión expedita del expediente. Ningún inocente debe estar privada de su libertad” escribió el gobernador.
Me sumo al llamado hecho por el presidente @lopezobrador_ sobre el caso de la señora Juana Alonzo Santizo. Pido respetuosamente a @FGJ_Tam a que haga una revisión expedita del expediente. Ningún inocente debe estar privada de su libertad.
— Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) May 20, 2022
Cada año, miles de guatemaltecos emprenden el peligroso viaje a Estados Unidos sin papeles huyendo de la pobreza y la violencia. El año pasado, el país norteamericano deportó vía aérea a 17 mil 806 guatemaltecos, mientras que en 2020 fueron 21 mil 57 expulsiones.
(milenio.com)
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