Madrid.- La Audiencia de Palma confirmó hoy que la infanta Cristina tendrá que sentarse en el banquillo como acusada de cooperar en dos delitos fiscales cometidos por su marido, Iñaki Urdangarin, cuando tenga lugar el juicio del caso Nóos.
La Audiencia de Palma rechazó la petición de la defensa de la hermana del rey Felipe VI para evitar estar presente en el juicio.
Los abogados de Cristina sostienen que en aplicación de la llamada “doctrina Botín”, el sindicato Manos Limpias no está legitimado para sostener la acusación por delito fiscal sin el concurso de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que representa a la Agencia Tributaria.
Esto, contra el criterio del juez instructor de la causa, José Castro.
Sostienen que el tribunal de la sección primera de la Audiencia, encargado de resolver el caso, debería resolver la discrepancia en la vistilla previa de ordenación del juicio que prevén convocar los magistrados.
Esto evitaría que la infanta Cristina se siente en el banquillo en el juicio por el caso Nóos.
La doctrina Botín tiene su origen en una resolución del Tribunal Supremo de 2007, en la que se avaló la decisión de la Audiencia Nacional de limitar la acción de las acusaciones particulares y no darles entidad suficiente para pedir la apertura de un juicio oral cuando la Fiscalía y los perjudicados hubieran solicitado el sobreseimiento de la causa.
En diciembre de 2007, el alto tribunal confirmó el archivo del llamado caso de las cesiones de crédito, en el que estaban imputados Emilio Botín y otros tres directivos del Banco Santander, que quedaron exonerados de ser juzgados.
Urdangarin y su socio Diego Torres están acusados dentro del llamado Caso Nóos de apropiarse de recursos públicos de los gobiernos autonómicos de Islas Baleares (en el Mediterráneo) y Comunidad Valencia, al este del país.
El esposo de la infanta Cristina encabezaba el Instituto Nóos, dedicado a la organización de actividades deportivas, algunas de las que realizaban con ambos gobiernos y a través de la cual se transferían fondos públicos.
Los delitos por los que se les acusan son malversación de fondos públicos, fraude a la administración pública, falsedad documental, prevaricación y fraude fiscal.
El pasado 12 de junio, el Boletín Oficial del Estado (BOE) dio a conocer la decisión del rey Felipe VI de España de retirar el título de duquesa de Palma de Mallorca a la infanta Cristina, envuelta en el escándalo de corrupción.
La infanta Cristina era duquesa desde 1997 por nombramiento de su padre, el ahora rey emérito Juan Carlos I.
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