Nueva York.- Los hijos de mexicanos indocumentados en Estados Unidos sufren de retos sociales únicos y tienen un riesgo significativamente mayor de presentar problemas de conducta que los hijos de residentes legales en este país, apuntó un estudio.
Publicada en la edición de marzo de la Revista de Salud y Conducta Social, la investigación indicó que los hijos de mexicanos indocumentados “sufren retos únicos y escasamente entendidos debido al inseguro estatus legal de sus padres”.
El documento, que se basa en datos estadísticos de más de dos mil 500 menores de entre tres y 17 años del condado de Los Ángeles, California, así como de sus madres, asentó que pese a que la mayor parte de los niños de padres indocumentados son estadunidenses de nacimiento, estos sufren de retos particulares.
Concluyó que las dificultades de estos niños se reflejan de manera interna, como tristeza y aislamiento social, o de modo externo, como violencia contra otros.
Nancy Landale, investigadora de la Universidad Estatal de Pensilvania y coautora del estudio, afirmó que sus investigaciones demuestran que la conducta de hijos de padres indocumentados y de niños de mexicanos con documentos presenta claras diferencias.
“Nuestro estudio descarta las explicaciones que enfatizan las diferencias por razones de estatus socioeconómicos, rutinas familiares o salud mental materna”, aseguró Landale.
La investigadora destacó además que los problemas de conducta presentados por los hijos de padres indocumentados “puede de manera adversa afectar sus oportunidades en la vida”.
Esta posibilidad aumenta dado que los niños en estas condiciones tienen escaso acceso a servicios de salud mental debido a la pobreza familiar, falta de seguro médico, barreras de idioma y al limitado conocimiento sobre los recursos de salud pública.
Los problemas pueden magnificarse, además, por la renuencia de los padres a buscar ayuda profesional para sus hijos por miedo a ser aprehendidos y deportados.
Landale recomendó que se deben promover servicios de apoyo para estos niños en los lugares concurridos por las familias indocumentadas, como escuelas y clínicas públicas, donde deben realizarse programas de detección de posibles problemas de salud mental.
“Tales pruebas deben ser acompañadas por servicios culturalmente sensibles que involucren tanto a los niños como a las familias”, sugirió la investigadora.
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