Buenos Aires.- El gobierno argentino rechazó hoy por escrito la denuncia de intentos de encubrimiento de presuntos terroristas iraníes que el fallecido fiscal Alberto Nisman realizó en contra de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La procuradora del Tesoro de la Nación, Angélica Abbona, en su calidad de jefa de abogados del Estado, presentó este viernes un documento de 67 páginas, que incluyó elementos probatorios para desestimar la acusación.
El pasado 14 de enero, Nisman, el fiscal que investigaba el ataque ocurrido en 1994 en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) que dejó 85 muertos, denunció que la presidenta había pactado con Irán la impunidad de los acusados a cambio de impulsar negocios comerciales.
La denuncia generó un escándalo que adquirió otras dimensiones cuatro días después, cuando Nisman fue hallado muerto en su casa, de un disparo en la cabeza.
Hasta ahora, el gobierno se había desligado de las acusaciones a través de un comunicado de Cancillería y de cartas de la presidenta publicada en las redes sociales.
El documento oficial presentado hoy afirmó que tanto en la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007) como en la de Cristina Fernández hubo un firme compromiso de colaborar con la justicia para esclarecer el atentado.
Agregó que, incluso, se dispuso la desclasificación de la información producida por la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE), así como el relevo a sus agentes de guardar secreto respecto de estos hechos.
En el plano internacional, recordó las presentaciones de la presidenta ante la Asamblea General de Naciones, donde formalmente le reclamó a la República Islámica de Irán su colaboración para el esclarecimiento del atentado.
“Ninguna actuación del gobierno argentino apuntó a desincriminar iraníes”, aseguró al desestimar los supuestos intentos de la presidenta de encubrir a los supuestos terroristas, quienes hasta ahora nunca han declarado ante la falta de colaboración del gobierno de Irán.
La acusación de Nisman se centró en el Memorándum que firmaron ambos países en 2013 y en el que Irán se comprometió a permitir que los acusados fueran interrogados por un juez argentino en Teherán, lo que nunca ocurrió.
Según el fiscal, el verdadero objetivo del Memorándum era dejar a los iraníes libres de cargos, lo que ha sido rechazado por el gobierno e incluso por Interpol, ya que nunca eliminó los pedidos de captura internacional.
“Ninguna actuación de las autoridades del gobierno argentino tuvo por objeto la desincriminación de los ciudadanos iraníes, en particular aquellos alcanzados por las notificaciones rojas de Interpol”, señaló el escrito.
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